Al día siguiente de conocer la decisión del Supremo sobre las actas del consejo de gobierno de la Junta, la juez Mercedes Alaya ha elevado de 67 a 117 los expedientes que quiere estudiar con detenimiento.
La juez instructora, en auto del pasado día 14, insta a la Junta de Andalucía que le remita copia compulsada íntegra de otros 40 expedientes completos relativos a las ayudas a otras empresas que se suman a los 67 que ya estaban investigadas por haber encontrado intrusos o por otras ayudas.
Los expedientes solicitados se refieren a empresas ubicadas en El Pedroso -la localidad natal del exdirector de Trabajo y principal imputado, Francisco Javier Guerrero- y en la Sierra Norte de Sevilla. Así, se solicitan los expedientes de Arcadia Emprendedora, ubicada en El Pedroso y que recibió una ayuda de 1.200.000 euros entre 2004 y 2007. También una ayuda de más de dos millones entre 2007 y 2010 a Autologística de Andalucía y otras a Cervezas Alambra S.L. de 3.743.000 en 2003 y 559.000 en 2010, la de 1.200.000 euros en 2004 a Corral del Conde de Sierra Morena, ubicada en El Pedroso, a Fábrica San Carlos de 3.265.000 euros en 2001 y de un millón de euros a la Federación Regional de Industrias Afines de UGT también se encuentran entre las reclamaciones de documentos.
Igualmente se solicita a la Junta los papeles de dos ayudas, de 924.000 euros en 2002 y 1.300.000 euros a IAMASA, a Minas de Río Tinto y otra de más de seis millones de euros con número de convenio 825.La juez Alaya ha pedido también los expedientes completos de una subvención de más de seis millones de euros en2001 a Yogures Andaluces S.A., de 450.000 euros a La Jarosa de Desarrollo Turístico Sierra Norte, ubicada en El Pedroso, Gestión Turística del Sur, que recibió 390.000 euros en 2004 o Construcciones Sierra Norte con 450.759 euros en el mismo años. La magistrada también pide a la Junta que le remita copias de algunos contratos de servicios y facturas por asesoramiento de las empresas Alpha Corporate -por menos de 150.000 euros- Bufete Olivencia Ballester -por 104.000 y 15.000 euros- y Estudios Jurídicos Villasís -por otros 15.000 euros-. Se completa así la estrategia judicial con la petición de estudio de varias empresas ubicadas en El Pedroso y que estaban vinculadas a dos ex concejales socialistas de esta localidad de la que fue alcalde Francisco Javier Guerrero entre 1995 y 1999. En este caso se trata de Ballut Dehesas de Calidad, Corsevilla, Marco de Estudio y Proyección Siglo XXI, Matadero de Sierra Morena, Restaurantes Andaluces de Calidad, Tierra Virgen de Alimentación, La Jarosa de Desarrollo Turístico Sierra Norte, Gestión Turística del Sur y Construcciones Sierra Norte.
La juez ha pedido a la Agencia Tributaria que le auxilie en sus indagaciones su Oficina Nacional de Investigación del Fraude y que sus expertos cooperen con la unidad de la Guardia Civil encargada de las pesquisas. A la Tesorería de la Seguridad Social le ha dicho que facilite toda la información para comprobar la prestación de servicios de trabajadores beneficiarios de ERE, pero no consiente su personación en la causa.
El PP cree que esta trama le explotará al PSOE
El PP está convencido de que la consulta por parte de la juez de las 480 actas de los consejos de Gobierno desde el 2001 será esencial en la investigación y puede salpicar a los máximos mandatarios del Ejecutivo andaluz.
El PP ha acusado ya a Griñán de "tapar y autorizar el fraude de los ERE". Como se recordará, hay unos documentos de la Intervención General de la Junta que fueron remitidos al propio presidente de la Junta, entonces consejero de Economía y Hacienda –entre 2004 y 2009–. En ellos se advertía de que el Gobierno andaluz estaba tramitando el dinero del denominado "fondo de reptiles" –la polémica partida 31.L– "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido" e incurriendo en desajustes presupuestarios.
Además, la Junta introdujo modificaciones presupuestarias por más de 100 millones de euros del "fondo de reptiles" en los últimos diez años que fueron firmadas por el propio Griñán. Una de ellas, la del 27 de noviembre de 2007, fue de gran interés para la juez Alaya que ahora podrá obtener el acta completa del acuerdo del consejo de Gobierno.