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"Es una reforma con nombres y apellidos que tiene destinatarios"

Las cuatros asociaciones de jueces consultadas por este diario se manifiestan en contra de la reforma de la ley.

Á. M.

La Carrera Judicial al unísono está indignada con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que tanto el PP como el PSOE han aprobado en el último "coletazo" de la legislatura para que, entre otros, el actual ministro de Interior Antonio Camacho –fiscal de carrera- y los exministros Mariano Fernández Bermejo –también miembro del Ministerio Fiscal– y José Antonio Alonso –magistrado– puedan volver a ocupar sus cargos anteriores en los tribunales.

La asociación mayoritaria de jueces, la Profesional de la Magistratura, sostiene que esta modificación legal con aplicación retroactiva "evidencia que la reforma se impulsa por complacencias personales y por intereses personales" y que se ha hecho en "secretismo".

Con este cambio aprobado con el consenso de populares y socialistas –a través de una enmienda de la Ley de Jurisdicción Social introducida y aprobada por el Senado el pasado martes y ratificada por el Congreso el pasado jueves– los ministros y consejeros que antes de formar parte de sus respectivos gobiernos fueran miembros del Poder Judicial podrán volver a sus puestos de trabajo sin problema.

En declaraciones a LD, Pablo Llanera ha señalado que este acuerdo contribuye a dañar "la imagen de imparcialidad de la Justicia; una imagen que ser mimada por cualquier estado de derecho".

La razón es que ahora los exministros y exconsejeros autonómicos podrán gozar en vez de una excedencia voluntaria de una situación de servicios especiales pese a que vayan a ocupar o hayan ocupado cargos políticos de primer nivel.

El magistrado Joaquín González Casso, voz autorizada de la asociación Francisco de Vitoria, ha manifestado que esta medida afecta "sin duda" a la imagen de imparcialidad del poder judicial aunque no llega a calificarla de intromisión. El portavoz de esta asociación indica que con esta reforma "sorpresiva" se privilegia a los ministros y consejeros que podrán mantener su plaza si hubieran estado en activo durante el período que hayan estado ejerciendo en la política.

Por otro lado, la asociación Jueces para la Democracia también se ha mostrado en contra de una modificación que "no tiene sentido". Su portavoz, José Luis Ramírez, señalaba a este diario que JPD "no ve lógico que al final de la legislatura se haya aprobado una medida de esta envergadura sin debate y sin pedir siquiera el informe preceptivo pertinente al Consejo General del Poder Judicial". Asimismo, Ramírez denuncia que no es razonable que un juez que se mete en política vaya a gozar de privilegios una vez que vuelva a la Carrera Judicial.

Por último, desde el Foro Judicial Independencia su presidente y portavoz, Javier Varona, ha calificado de "vergonzoso" y "lamentable" que se aproveche el último día de Pleno del Congreso para aprobar una reforma "con nombres y apellidos que tiene destinatarios". Asimismo, Varona ha recalcado que las leyes "no se hacen para favorecer a nadie".

En definitiva, los magistrados denuncian que la nueva regulación "compromete la credibilidad de muchas de las resoluciones judiciales futuras" en perjuicio de los ciudadanos.

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