Las políticas restrictivas del Gobierno emprenden su recta final. A pesar de la inminencia de las elecciones, el Ejecutivo de Zapatero también ha sacado la tijera en materias tan sensibles como la seguridad. Y es que, según desvela ABC, la proyección de empleo público realizada por el Ministerio del Interior provocará un recorte de, al menos 4.000 policías.
Esto se debe a un descenso en el número de plazas públicas ofertadas, lo que dejará un plantilla de policías reducida y avejentada, ya que al recorte se une la modificación de la edad de jubilación del cuerpo, que ha ascendido hasta los 65 años. Esta medida entró en vigor el pasado día 21 de este mes, en virtud de lo establecido en el Real Decreto Ley por el que se aumenta la edad de jubilación voluntaria de estos funcionarios.
El recorte pondrá fin a la tendencia de los últimos siete años, en la que el PSOE aumentó notablemente la plantilla de Policía, que pasó de los 48.733 agentes a las 66.946 que se tenían hasta ahora. Esto, inevitablemente repercutió en una mejora en los índices de criminalidad, que nos ha situado entre los países más seguros de Europa.
Para estimar en cuánto afectará estas dos modificaciones al Cuerpo Nacional de Policía, la Subdrección General de Recursos humanos hizo números, y planteó dos escenarios posibles. Si la nueva edad de jubilación no hubiera entreado en vigor, y con la actual oferta de empleo público, de ahora hasta 2016, se habrían perdido más de 10.00 policías. No obstante, con el decreto ley la cifra se reduce a 4.000 policías, calculando sobre el supuesto de que el 100% de los agentes afectados decidieran jubilarse voluntariamente a los 65 años. Lo cual, no parece muy probable.
Este recorte dejará una herencia envenenada al gobierno que salga de las urnas el próximo 20-N, que se enfrentará a unas previsiones de descenso en número de agentes, que sólo podrá subsanarse aumentando la oferta de empleo público, decisión nada sencilla en la actual tesitura económica.
El PP considera esta situación bastante grave, según ha manifestado el portavoz de Interior del Grupo Popular en el Congreso. Cosidó asegura que "el aumento hasta los 65 años por vía de urgencia busca una coartada para encubrir la carencia de oferta de empleo público en estos últimos años del Gobierno socialista y puede provocar a medio plazo un excesivo envejecimiento de las plantillas. Tal como se ha aprobado, el decreto-ley, supondrá mantener en la calle a policías cuyas condiciones psicofísicas se han limitado con la edad poniendo en riesgo su propia seguridad".
El popular anunció que "una de las tareas prioritarias del nuevo gobierno será la de recomponer el consenso sobre el modelo de carreras de policías y guardias civiles e impulsar una legislación adecuada, acordada por sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que satisfaga la necesidad de mantener un número adecuado de agentes en activo con la necesidad de garantizar unas condiciones óptimas para el servicio", dijo, anticipando que no aceptará modificaciones como las de la edad de jubilación.