Que el PSOE ha tratado de estrechar lazos con el movimiento 15-M al que se ha protegido desde el Gobierno, es algo evidente. Ahora ha querido otorgarle carta de legitimidad al incluir algunas de sus reivindicaciones en el documento que recoge las conclusiones de su Conferencia Política, base de su programa electoral.
"(Los ciudadanos) piden una democracia con resultados, una democracia participativa y ejemplar. Se implican más y desean que se abran más cauces de expresión de la voluntad colectiva mediante la participación y la deliberación. Nos reclaman una democracia representativa, más participativa y cercana", sentencia el documento.
"Tras un largo periodo de hegemonía neoliberal de predominio económico sobre lo político, para el que la política era un estorbo a los intereses privados, hay ahora un gran reclamo de más y mejor política más cercana a la ciudadanía. Crece el debate ideológico, se multiplican los foros de discusión y se recupera el gusto por la deliberación", señalan los socialistas, que a pesar de sus guiños constantes hacia los indignados no formulan una sola idea o propuesta concreta en este sentido.
Únicamente, en este apartado, se comprometen a establecer "unos trámites políticos y burocráticos simplificados en casos de catástrofe natural, para aprobar las ayudas y hacerlas efectivas en unos plazos mucho más acordes con las imperiosas necesidades de los ciudadanos afectados por la misma. Y convirtiendo a la administración pública en un arma eficaz contra esas desgracias". Que se lo digan a los vecinos de Lorca, que aún siguen esperando las ayudas prometidas por el Gobierno.
Proponen, dicen "una democracia más directa, activa, participativa y comprometida con los ciudadanos. Una democracia con instituciones efectivas, ágiles y atentas a las necesidades ciudadanas. Una democracia orientada a la satisfacción de derechos. Una democracia, también, que busca equilibrios, integración de voluntades, vocación de consenso. Una democracia, en definitiva, que escuche más, que dialogue más, que actúe mejor".
También quieren aprobar una ley de transparencia y acceso de información pública, gracias a la cual todo el mundo pueda saber cuanto cobra un político o asesor. Piden además "tolerancia cero" con los políticos.
"Más laicidad para una mejor convivencia en la diversidad"
Los socialistas apuestan claramente por el Estado laico y así lo ponen negro sobre blanco en el documento resumen. Ahora bien, no señalan si propondrán pues una reforma constitucional para conseguir ese objetivo.
"La política del gobierno socialista ha significado un avance en laicidad. (...) La laicidad es consustancial a la idea de libertad e igualdad. (...) Es una laicidad positiva, no es anti-religión".
Así, los socialistas se proponen "como tarea para la próxima legislatura una nueva ley de libertad religiosa y de conciencia, incluyendo un Observatorio de Laicidad y regulando la objeción de conciencia".
Mención especial en este apartado se merece el Valle de los Caídos: "Resulta fundamental también la actuación sobre el Valle de los Caídos, según lo previsto en la ley, con el objetivo de resignar tal ámbito como lugar de memoria compartida".
Modelo autonómico: sí a la España plural; no al nacionalismo
"El PP ha venido utilizando los gobiernos autonómicos como palanca de oposición y agravio comparativo y enfrentamiento entre CCAA, que ha combinado con un discurso centralista. La evolución reciente muestra una tendencia a una confrontación entre un nacionalismo español, rancio y centralista y los nacionalismos periféricos", dice el PSOE.
"Los socialistas no planteamos una revisión del modelo territorial establecido en la Constitución, pero sí estamos comprometidos con un esfuerzo común para mejorar su funcionamiento", dicen. Incluyen la promesa de garantizar la armonización fiscal en el ámbito autonómico.
En este sentido los socialistas "mantenemos nuestro firme compromiso con la reforma constitucional del Senado" para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial. Se elegiría coincidiendo con el calendario electoral autonómico y no sería disuelto por el presidente del Gobierno al mismo tiempo que el Congreso.