Los escándalos de corrupción y las tramas policiales no sólo afectan a alcaldes y concejales. El diario El Mundo ha destapado este martes la última polémica que afecta al ministro de Fomento y Portavoz del Gobierno, José Blanco. Pero no es el único ministro de Zapatero acusado de practicar actividades ilícitas. Aquí se recogen los casos más significativos:
Manuel Chaves, vicepresidente del Gobierno de Política territorial.
El expresidente de la Junta de Andalucía posee un largo historial de escándalos sobre los que debe responder, la mayoría de ellos referidos a su largo mandato como presidente autonómico. Poco después de llegar al Gobierno central de la mano de Zapatero, fue conocido el caso Matsa: cuando trabajaba como apoderada en esa empresa la hija del vicepresidente, Paula, la firma recibió diez millones de euros en incentivos por parte del Gobierno andaluz. En 2009 se destapó el escándalo de Mercasevilla, que desveló una trama corrupta con la Junta presidida por Chaves. A medida que avanzaba la investigación, cada vez se descubrían más intrusos en decenas de empresas que se beneficiaron de un fondo de reptiles cifrado en 700 millones de euros.
Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.
En septiembre de 2009, una moción de censura apoyada por los socialistas de Benidorm (Alicante) más un tránsfuga del PP, José Bañuls, acababan con la alcaldía del popular Manuel Pérez Fenoll. La nueva alcaldía pasaría a ejercerla el exsocialista Agustín Navarro, el tránsfuga se convirtió en primer teniente de alcalde de la ciudad y para el cargo de segundo teniente de alcalde fue nombrada Maite Iraola, madre de Leire Pajín. No tardaron los tránsfugas en rellenar la solicitud de reingreso al PSOE, según contaba en su momento el que fuera en la fecha secretario general del PPCV, Antonio Clemente. Pajín, entonces Secretaria de Organización del PSOE, desautorizó al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, al permitir la moción de censura, y puso a su madre en las listas de nuevo de número dos salvando las apariencias, eso sí, colocando a Navarro de número uno.
José Blanco, ministro de Fomento y Ministro Portavoz del Gobierno.
El empresario farmacéutico Jorge Dorribo, detenido en la "Operación Campeón", reconoció ante la juez Estela San José Asensio haber entregado 400.000 euros en metálico y facturas infladas a José Blanco, a través del primo del ministro, Manuel Bran. Blanco ha sido acusado de recibir comisiones a cambio de ayudas públicas y gestiones para acelerar trámites administrativos para sus proyectos. Según el detenido, Blanco hizo gestiones ante Hacienda para que la Dirección de Ayudas Regionales subvencionara con 467.267 euros a las empresas de Dorribo. Además, habría utilizado sus influencias ante el Ministerio de Sanidad para que acelerara los permisos administrativos para la comercialización de los productos conocidos como unidosis. A José Blanco también le afecta otro escándalo: el de Villa-PSOE. En la gallega isla de Arosa, el ayuntamiento socialista, regido por José Manuel Vázquez Vázquez, accedió a que una promotora privada levantase cuatro bloques de edificos con pisos, dúplex y áticos de lujo –el más barato, valía 300.000 euros-. La Ley 22/1998 de 28 de julio, conocida como Ley de Costas, establece con claridad una distancia mínima de 100 metros de la costa para poder edificar. Esta urbanización de lujo está a una distancia inferior a los 100 metros de la costa. La Ley de Costas permite excepciones, en casos de especial interés público o económico, en las que se baja la línea de costa hasta los 20 metros. José Blanco es uno de los propietarios del residencial.
Antonio Camacho, ministro del Interior.
La investigación del caso Faisán colocó al que por entonces era secretario de Estado de Seguridad en una posición delicada. El número de su teléfono móvil del ministerio aparecía dentro del tráfico de llamadas registrado por los investigadores policiales antes, durante y después del chivatazo a los etarras. Concretamente, el actual ministro del Interior recibió llamadas del ex director general de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo, imputado por el caso. Además, Camacho no llamó a García Hidalgo desde el número oficial del ministerio, sino utilizando una línea prepago secreta, que el por entonces director de la Policía Nacional había entregado al negociador de ETA Jon Iurrebaso, y que este intentó utilizar como salvoconducto cuando fue detenido en Francia en 2007. Camacho también redactó los informes de verificación que, en teoría, aclararían si ETA mantendría o no su actividad terrorista durante el proceso de negociación política entre el Gobierno y la banda. Por último, en marzo de 2009 también saltó a la polémica por las detenciones arbitrarias de inmigrantes sin papeles.
Alfredo Pérez-Rubalcaba, ministro del Interior entre 2006 y julio de 2011.
Como ministro del Interior, el actual candidato socialista a la presidencia del Gobierno ha tenido que lidiar con algunos de los temas más polémicos de la legislatura: la gestión del denominado proceso de paz con la banda terrorista ETA, el tema SITEL, el caso del chivatazo del bar Faisán o el nombramiento de un comisario de su confianza, Juan Antonio González, para que controle las investigaciones que afecten a cargos públicos y personas de relevancia, le han convertido en blanco habitual de la oposición en las sesiones de control en el Congreso de los Diputados.
Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia entre 2007 y 2009.
El 7 y el 8 de febrero de 2009, Fernández Bermejo participó, junto al juez Baltasar Garzón, en una cacería que tuvo lugar en la localidad jienense de Torres. Días después, se supo que Bermejo acostumbraba a cazar en fincas del Estado, donde está prohibido, y que además lo hacía sin licencia. Este escándalo provocó la dimisión de Bermejo de la cartera de Justicia.