Los Tribunales han dado respuesta a la denuncia de un grupo de enfermeras de la clínica San Rafael, en Cádiz, a las que obligaba a vestir con falda (consideradas por muchas de ellas, minifaldas), cofia y delantal.
La empresa presentará en el hospital de Virgen de la Montañas de Villamartín (Cádiz) un estudio donde propone un vestuario "homogéneo" para ambos sexos. El anuncio se produce tras una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que insta a estos centros sanitarios a acatar una sentencia del Tribunal Supremo que consideró "discriminatoria" la imposición de la falda, y que dio origen al famoso caso de las "minifaldas".
El Supremo dio la razón a CC.OO. el pasado mes de mayo en su actuación contra las clínicas Pascual. La sentencia del alto tribunal consideraba "no objetivo" y "propio de otros tiempos" el obligar a llevar falda a las enfermeras, frente al pantalón que usaban los trabajadores masculinos y el personal de quirófano. Algunas enfermeras habían sido multadas por usar pantalón, una vestimenta que consideraban más cómoda que la falda, cofia y delantal que establece la normativa de vestuario femenino de esta compañía.
La denuncia de las enfermeras gaditanas tuvo una enorme repercusión mediática, pero no logró influir en la empresa. Incluso el TSJA dio la razón a la compañía en primer lugar. Pero el Supremo cambió el criterio. "Sí es discriminatorio". La empresa recurrió este último fallo y advirtió a las trabajadoras que, hasta que no se resolviese este recurso, podría sancionar a las que optaran por el pantalón. Pero la nueva resolución del TSJA establece que la compañía está ya obligada a acatar la sentencia del Supremo y que hay libertad de elegir vestuario, independientemente de lo que ocurra con el recurso.
El caso de las "minifaldas" y lo que había debajo
En 2008, una polvareda periodística saltaba en torno a la obligatoriedad que la Clínica San Rafael de Cádiz, concertada por la Junta de Andalucía, imponía a sus enfermeras para que se pusiesen minifaldas mientras desempeñaban sus trabajos clínicos habituales.
A las enfermeras y auxiliares de la Clínica San Rafael de Cádiz la dirección del centro les obligaba a llevar minifalda en lugar de usar pantalones. Según las enfermeras, a las que se negaban se les descontaba del salario el plus de asistencia, unos 30 euros mensuales. Indignación en la ciudad de Cádiz. Se anunciaban concentraciones para el 2 de abril de 2008.
Mientras, la Junta y Manuel Chaves callaban. La UGT, por su parte se enfrentaba a Comisiones Obreras, que no quería oír hablar de huelga ni de protesta contra la Clínica San Rafael.
Pero, ¿qué había por debajo?
Libertad Digital investigó el asunto y se llegó al resultado de que entre los accionistas y administradores de la clínica gaditana, perteneciente al grupo Pascual, había importantes socialistas.
El principal de ellos, Agustín Ortega Limón, fue Secretario General del INSALUD y Gerente del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía. También estaba José Luis González Tapia, que fue Secretario General de la Sanidad de UGT. Y finalmente descubrimos que el ex consejero de Salud de la Junta de Andalucía, José Luis García de Arboleya Tornado, también estaba en el ajo.
O sea, que eran afamados "progres" los que estaban tras dicha clínica. Luego desvelamos la presencia de sus familias.
Primero, los familiares del señor Ortega Limón.
En una de las empresas implicadas en el grupo de clínicas de la familia Pascual, Webasistencial, SL, aparecieron los siguientes consejeros:
Nombre: MESTESA ASESORIA SANITARIA SL
Nombre: GONZALEZ VEGA-LEAL ELENA
Nombre: ORTEGA LIMON AGUSTIN
Nombre: ORTEGA LIMON JULIA
Nombre: ORTEGA LIMON JESUS MANUEL
Nombre: ARBISA GESTION Y PROYECTOS SL
Nombre: MARTÍNEZ BERASALUCE JUAN CARLOS
Nombre: MARTINEZ QUILES MARIA SONIA
Nombre: WEBSANITARIA 01 SL
Nombre: HOSPIBER 2000 SL
Nombre: MOSPONUBA SL
O sea, que al parecer, la familia Ortega Limón, casi al completo, participaba del negocio siendo Julia y Jesús Manuel, buenos conocedores del sistema sanitario andaluz, porque habían desempeñado el cargo de Inspectores del mismo. En el caso de Julia, su propio currículo especifica: "Tras ejercer la profesión de DUE, entre los años 1979-1983 como DUE de diversos Hospitales públicos, ingresó en el Cuerpo Nacional de Inspección Sanitaria del INP, escala de Enfermería, por oposición Nacional, integrándose en el equipo provincial de Inspección de Enfermería del INSALUD en Melilla en 1983. En 1984 pasó a ocupar puesto de Enfermera Subinspectora del Equipo Central de Inspección de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, actuando en el ámbito de la Salud Laboral."
En el caso de Jesús Manuel, participó en la elaboración de los cinco tomos del Código Sanitario publicado por la editorial AstraZéneca en calidad de inspector sanitario con su hermano Agustín. Y además, también aparecía su esposa, Elena González Vega Leal como administradora de la empresa.
Incluso aparecían excuñados en esta relación. Uno de los excuñados de Agustín Ortega Limón, Ignacio Arizti Bayón, también pastoreba empresas de Cádiz relacionadas con la informática. Como saben, la informática sanitaria (recetas electrónicas es uno de los puntales del negocio de esta tribu).
Para comprender la moralidad de estos personajes, recordaremos una de las declaraciones más explosivas del caso Juan Guerra. Fue la de Pedro San José, hoy hombre de negocios, pero entonces vinculado al Sistema Andaluz de Salud y al PSOE. En declaración voluntaria ante el juez Ángel Márguez dijo, y así lo recogió El País el 25 de mayo de 1991 en su edición andaluza: "Pedro Sanjosé, que estaba citado a declarar para la mañana de ayer, se presentó voluntariamente ante el grupo de Policía Judicial el pasado jueves, para realizar una declaración en la que acusó al PSOE y a personas vinculadas al partido de recibir comisiones por contrataciones y conciertos irregulares establecidos entre el organismo de la sanidad pública andaluza y empresas del sector sanitario".
Según publicó entonces el diario de Prisa, "Sanjosé, que no hizo declaraciones a los periodistas a su salida del juzgado, manifestó al juez Angel Márquez que durante la etapa de Agustín Ortega Limón, como gerente del SAS, hasta abril de 1988, se realizaron concursos irregulares de abastecimiento y de contratos de servicios con empresas que pagaban un 10% de comisión al PSOE y a otras personas, según informó tras la declaración el abogado que representa a la acusación del Partido Andalucista (PA) en el caso, Emilio Lechuga....Emilio Lechuga explicó que entre las operaciones irregulares que denunció Sanjosé se encuentra la subida de calificación, desde el nivel 3 al 7, establecida para dos hospitales, uno ubicado en Cádiz y otro en El Puerto de Santa María, centros que se beneficiaron de una facturación cifrada en miles de millones de pesetas. Asimismo Sanjosé puso en conocimiento del juez Márquez la contratación, con la empresa Johnson and Johnson, del suministro de compresas ginecológicas para los hospitales de la sanidad andaluza, después de que se declarase desierto un concurso público al que esta empresa se presentó y recibió un informe desfavorable del SAS. Otro de los contratos irregulares denunciados es el del abastecimiento de placas radiográficas, realizado directamente con dos empresas, tras un concurso que fue declarado desierto. Asimismo, Sanjosé denunció la contratación directa de la empresa OLM, SA., para la limpieza del Hospital General de Málaga, que según el exdirectivo del SAS está vinculada a un ministro socialista, cuyo nombre no ha sido desvelado."
Pero, ¿y el sindicalista González Tapias? Pues igualmente tenía colocada a su esposa en esta red de sociedades ligadas al negocio de Los Pascual. Concretamente, en la sociedad Masponuba, en la que aparecía María del Carmen Rubio Ledesma, esposa, según datos registrales, del señor González Tapias.
Aún hay más, porque junto al señor García de Arboleya, José Luis, ex consejero de Salud de la Junta de Andalucía, aparecía el nombre de uno de sus allegados, a tenor por la coincidencia de apellidos. En este caso, aparecen en la sociedad Arbisa Gestión y Proyectos, S.L. En esta sociedad aparecen vinculados el ya mencionado José Luis, ex consejero y María Isabel García de Arboleya del Castillo.
Incluso altos dirigentes de Renfe ligados al PSOE parecían tener intereses en estas empresas privadas de la familia Pascual. Por ejemplo, María Sonia Martínez Quiles, que aparece como administradora, es esposa de O.G.B., alto cargo de RENFE nombrado por el PSOE y antes miembro de IBM Salud..
Y para que no se nos olvide apuntar que José Luis Temes, director del Insalud entre 1993 y 1994, y subsecretario del Ministerio de Sanidad entre 1994 y 1996, en tiempos de Felipe González, también aparece relacionado con la empresa Mestesa Asesoría Sanitaria S.L. MESTESA ASESORIA SANITARIA SL.