Desde que se tuvo constancia de que el 4 de mayo de 2006 se había dado un soplo a la red de extorsión de ETA, y por lo tanto, desde que el caso Faisán salió a la luz pública, éste ha sido un quebradero de cabeza para el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hoy candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno.
Una preocupación que alcanzó su punto más alto cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz señaló que el soplo tuvo un móvil político y que formó parte de la negociación del Gobierno de Zapatero, y de Rubalcaba, con la banda terrorista ETA.
Sin embargo, un maniobra a tiempo del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, avocando a pleno el futuro de este caso, hizo que el Faisán que estaba a punto de llevarse a juicio se diluyese y dejara momentáneamente descansar al candidato del PSOE.
Hace 43 días que la Audiencia revocó por unanimidad el procesamiento de los tres altos mandos policiales de Interior y este jueves ha dado a conocer sus argumentos. La razón, según los jueces de lo Penal, es que la instrucción del magistrado Pablo Ruz fue inconsistente. En resumen, los jueces acusan al instructor de haber investigado en una única dirección. La Audiencia desmonta así su investigación y le dice a Ruz que en ella se aprecian amplísimas lagunas.
La noticia, a priori, no podría ser mejor para Rubalcaba en pleno arranque de la campaña electoral. Pero atención: el juez Ruz ya avisó de que una vez que conociera esta resolución seguiría investigando el caso. Ahora, sus compañeros de tribunal le dicen que "existen otras alternativas igualmente posibles de los hechos que deben ser investigadas".
Cuidado con estas palabras porque desde ya Pablo Ruz está capacitado para ordenar practicar cuantas diligencias considere oportunas en los próximos días, campaña electoral mediante. Entre ellas, podría estar llamar a declarar al que fuera número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba, actualmente ministro de Interior, Antonio Camacho.