Dice textualmente que la Consejería de Empleo actuó "con total desprecio al Derecho y a los trámites exigidos legalmente, prescindiendo total y absolutamente de los mismos, y otorgando lo que califica como subvención cuando no consta siquiera haberse solicitado la misma, disponiendo de 600.000 euros de dinero público en favor de un tercero sin que conste la existencia de causa para dicho reconocimiento".
Es la primera sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del pasado 2 de noviembre, al que ABC tuvo acceso. En ella el Alto Tribunal andaluz condena tácitamente esta práctica desestimando un recurso que había interpuesto la empresa Tierra Virgen Alimentación por no haber recibido el dinero de una subvención concedida en 2007 por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo Francisco Javier Guerrero, en el ojo del huracán en la trama abierta por Mercedes Alaya.
Tierra Virgen Alimentación había recibido ya dos subvenciones del "fondo de reptiles" entre 2003 y 2004, 900.00 y 4350.000 euros, con José Antonio Viera, número 2 de Alfonso Guerra en la lista al Congreso de los Diputados por Sevilla, como consejero de Empleo. José Enrique Rosendo, hijo de un ex alcalde socialista, y José María Sayago, que en julio de 2007 compró su parte al primero para quedarse como administrador único, eran sus administradores. Sayago se reunió con Guerrero para pedirle la ayuda para su empresa y éste se la dio, aunque luego no llegara a cobrarla. Al no cobrarla, interpuso recursos en 2009. Uno de ellos es el que rechaza el TSJA en este fallo.
Aunque la Junta de Andalucía no concedió finalmente el dinero, el Tribunal define lo ilegal del método por el cual se quería otorgar la ayuda a la empresa —de la que eran responsables dos exconcejales del PSOE de El Pedroso, donde fue alcalde Guerrero— y da traslado del asunto al Juzgado de Instrucción de turno para que determine las responsabilidades penales . Incluso la sala ordena que se recabe el testimonio de Guerrero. Es de suponer que la causa será incorporada a la que ya instruye Mercedes Alaya.
El TSJA explica que la subvención de 600.000 euros se concedió mediante una resolución de 12 de noviembre de 2007 rubricada por Guerrero, pero el juez incide en que "se debe seguir el procedimiento establecido al efecto en el ordenamiento jurídico", esto es, la Ley General de Subvenciones, que "exige que se establezcan unas bases reguladoras de la subvención, que se publiquen y convoque en diario oficial que corresponda, que se presente la solicitud por el interesado, el informe y la valoración de las distintas solicitudes y, finalmente, que se dicte resolución motivada".
En este caso "no se ha efectuado ninguno de los trámites exigidos por la Ley", apareciendo "únicamente un escrito" de Guerrero en el que se dice que "la Dirección General ha resuelto conceder una subvención específica e incondicionada por importe de 600.000 euros con cargo a una partida presupuestaria". La sala entiende que "no existe procedimiento alguno, limitándose el director general de Trabajo a dictar resolución", pero "sin que exista trámite de expediente previo alguno". "Ni siquiera existe solicitud de otorgamiento" por parte de la empresa radicada en la Sierra Norte sevillana, se dice. Por ello, la ayuda se califica como "nula de pleno derecho".
Incluso hay más. La resolución de 12 de noviembre de 2007 fue "tachada y modificada por otra posterior de 10 de enero de 2008, con total desprecio al Derecho y a los trámites exigidos legalmente, prescindiendo total y absolutamente de los mismos, y otorgando lo que califica como subvención cuando no consta siquiera haberse solicitado la misma, disponiendo de 600.000 euros de dinero público en favor de un tercero sin que conste la existencia de causa para dicho reconocimiento".
La sentencia del TSJA inhabilita políticamente a Griñán, según el PP
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció ayer que su partido solicitará la comparecencia del Gobierno andaluz en el Parlamento para que explique "por qué supo, avaló, autorizó, utilizó y ocultó el 'fondo de reptiles' que ha servido para robar tanta cantidad de dinero que iba para los parados y sirvió para beneficiar solamente a socialistas". Sanz ha pedido responsabilidades al PSOE porque "las ayudas eran claramente ilegales".
A su juicio, este fallo "inhabilita políticamente" al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, "ya que era él como consejero de Economía el que recibía en 2007 los informes de la Intervención General que señalaban que los ERE se estaban tramitando saltándose el procedimiento administrativo establecido". Al hilo, ha dicho que la sentencia "supone un varapalo para los dirigentes socialistas andaluces, que se han llevado de una manera o de otra hasta mil millones de euros en ayudas por el escándalo de los ERE que afecta" a la Consejería de Empleo, la cual "se ha convertido en una cesta de manzanas podridas". "El dinero de los parados, que es sagrado, se lo han llevado".
Respecto al intento de Alfonso Guerra de presionar a la juez Alaya, Sanz dijo que "intentar presionar a la juez es lamentable en una democracia".
El "marrón" Guerrero vuelve a la Junta
El ex director general del caso de los ERE, Francisco Javier Guerrero, ha pedido volver a la Junta tras una excedencia bien larga mientras la juez Alaya le imputa tres delitos. Ahora quiere reingresar en la Junta e incorporarse como funcionario a la Consejería de Empleo. Lo solicitó hace dos semanas a través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda.
Hasta ahora, no ha hecho más declaraciones explosivas como aquella en la que definió el procedimiento de la Junta como "fondo de reptiles". Eso sí, ha cambiado varias veces de abogado. Por ejemplo, la exabogada de Guerrero, Rosa Parra, afirmó "no entender" el hecho de que la Junta, "que presume de colaborar" con la juez, no entregue las referidas actas y "ponga trabas" a este respecto. Semanas después, el acusado prescindió de la letrada. Tal conducta parece indicar que Guerrero no quiere pelea con la Junta, sino colaboración.
Dice El País que "la investigación policial no ha acreditado que Guerrero se lucrara directamente con los fondos públicos que distribuyó, si bien su suegra Victorina Madrid fue incluida como falsa prejubilada en la sociedad SOS Cuétara." La juez Mercedes Alaya le acusa de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.