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Griñán desacredita a Rubalcaba apostando por el ladrillo en Andalucía

La Administración andaluza opta por el margen más bajo que permite la Ley del Suelo estatal.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, modificará la Ley del Suelo, pretendiendo así reactivar el sector inmobiliario criticado abiertamente por Rubalcaba el día del debate.

La modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) aporta medidas de alivio a las exigencias requeridas hasta ahora para el desarrollo de los suelos urbanos de las que se espera que tengan un efecto incentivador para reactivar la actividad inmobiliaria, según admitió la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz y cuenta El País.

Por ejemplo, en la nueva Ley se rebaja hasta el 5% el suelo que los promotores están obligados a ceder a los Ayuntamientos como compensación por los aprovechamientos. Se trata de un 5% sobre el incremento del aprovechamiento, cuando hasta ahora el cupo era del 10% sobre el volumen total del suelo. Esto es, se reduce en un 50% la aportación de los promotores a los Ayuntamientos, que es el margen más bajo que permite la Ley del Suelo estatal. Según ella, el terreno a ceder por los promotores no puede ser inferior al 5 ni superior al 15%.

La Administración andaluza opta así por el margen más bajo que permite la Ley del Suelo estatal, que contempla que el terreno a ceder "no podrá ser inferior al 5% ni superior al 15%".

Además, la nueva Ley, que puede ser aprobada por el procedimiento de urgencia por el Parlamento andaluz, eleva en un 20% el número máximo de viviendas permitidas en el suelo residencial, o la posibilidad de que los promotores sustituyan por una entrega de dinero el suelo que tienen que aportar a los Ayuntamientos para dotaciones públicas. La consejera matizó que se trata de medidas para facilitar la actividad "dentro de la ciudad consolidada", porque se trata de suelos ya calificados de urbanos y que se trata justamente de evitar la dispersión.

El País precisa que la posibilidad de que los promotores entreguen dinero y no el suelo para dotación pública solo será posible siempre que el terreno no alcance unas dimensiones mínimas exigibles. El Ayuntamiento en cuestión deberá emplear ese dinero en obtener suelo de mayor dimensión para equipamientos, pero no podrá guardarlo más allá de tres años. La consejera resaltó que con ello se trata de evitar que las áreas de dotaciones estén tan fragmentadas como hasta ahora y con suelos en ocasiones de valor residual.

Además, habrá ventanilla única de la Junta para facilitar a los Ayuntamientos la tramitación de los informes sectoriales obligatorios para la aprobación de los planes generales de ordenación urbana. Treinta años después de llegar al gobierno, el PSOE reconoce ahora una fuerte descoordinación entre entidades y un excesivo tiempo en la expedición sus dictámenes.

También se contemplan plazos más cortos en la aprobación de planes parciales y especiales, que son los instrumentos en los que se concreta detalladamente el desarrollo de las determinadas áreas y sectores de acuerdo a las determinaciones generales que estipula el plan general.

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