El gobierno de José Antonio Griñán parece despreciar las sentencias que fallan en su contra. El Servicio Andaluz de Salud sigue designando libremente a quien le viene en gana a pesar de los varapalos del alto tribunal andaluz.
Continúa nombrando libremente cargos de dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), pese a que la normativa que regulaba los puestos intermedios (Decreto 75/ 2007), cuenta con varias sentencias en contra por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La oposición política cree que, dadas las encuestas, es el modo de colocar a los propios socialistas en lugares claves para impedir gobernar o vigilar al PP en caso de ganar las próximas elecciones andaluzas.
Griñán tampoco respeta al Defensor del Pueblo Andaluz, que se manifestaba en contra de los nombramientos "a dedo" y llamaba a impedir legalmente estas irregularidades.
Pero en los últimos meses, demuestra La Razón, se han publicado convocatorias de méritos y resoluciones definitivas relativas a cargos de carácter intermedio en hospitales de varias provincias andaluzas. Según datos aportados por el Sindicato Médico, se han convocado un total de 81 puestos, de los cuales, la mitad de ellos se concentran en centros sevillanos y carecen de todo fundamento legal.
La propia consejera de Salud, María Jesús Montero, reconoció en marzo de este año que "en la actualidad es imposible efectuar nombramientos de estos cargos intermedios porque aún no está aprobado el decreto que regula estas unidades". Es decir, todas estas convocatorias de méritos carecen de cobertura legal y dicen estar "amparadas en las necesidades del servicio", esto es, la urgencia y la excepcionalidad, dos motivos con los cuales viene edificándose irregularmente la administración andaluza desde 1979.
Precisamente por la falta de acuerdo con estos comportamientos está en los tribunales el Decreto 75/2007, cuyas sentencias contrarias fueron recurridas por el SAS ante el Tribunal Supremo.
Los sindicatos denuncian que se trata de una situación similar a la del "decretazo", cuya única finalidad es la de mantener en sus puestos a personas "afectas al régimen socialista", ante una posible victoria del Partido Popular en las próximas elecciones autonómicas.
Aunque estos nombramientos están recurridos, la lentitud del sistema judicial hace posible que dichos cargos se mantengan como mínimo cuatro años.