La Consejería de Empleo, por entonces dirigida por el número 2 de la lista del PSOE por Sevilla, José Antonio Vera, supo en 2004 que había intrusos en un ERE pero no lo denunció. Por tanto, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y los consejeros de Empleo, cuando menos, lo sabían.
La delegación de Empleo en Huelva, el día 12 de febrero de 2004, siendo entonces viceconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Antonio Fernández -imputado en la investigación judicial por la trama de los ERE-, remitió un escrito en el que se le informaba de ocho "incidencias" en el ERE de Minas de Riotinto: tres intrusos y cinco trabajadores de la empresa que habían cobrado indemnizaciones pagadas por la Junta y que no les correspondían.
Gracias a ese escrito, se sabe que el entresijo de la trama de los ERE se urdió al margen de algunas delegaciones de Empleo y que sus contenidos se fijaban "por arriba" entre altos cargos de la Junta, empresas y sindicatos.
Según informa El Mundo, el documento desmiente a la Junta porque demuestra que la Consejería de Empleo conocía la inclusión de intrusos al menos en un ERE siete años antes de que estallara el escándalo. La Delegación provincial de Empleo en la provincia de Huelva había detectado que tres personas había sido indemnizadas por despido, a pesar de que no estaban incluidas en el ERE.
El escrito fue firmado por Antonio Luis Delgado Gómez, quien firmó en calidad de "asesor para la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva". Pero en el encabezamiento aclara que actúa "por indicación del ex delegado provincial de Empleo en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez", quien había sido destituido días antes al ir en las listas del PSOE a las elecciones autonómicas del 11 de marzo de 2004.
En el escrito se advierte que se iba a informar al director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, el autor de la mención a "fondos de reptiles" e imputado en el caso. Por tanto, no parece que Guerrero sea el único referente del caso.
Como ya resulta evidente, la UGT está nuevamente implicada. La inclusión de esos intrusos en el ERE de Minas de Riotinto se habría fue obra de UGT, según informa El Mundo. El 2 de diciembre de 2003, el secretario de Organización de la Federación de Industria (FIA) de UGT de Andalucía, Manuel Chaves Castilla, remitió un fax dirigido al propio Javier Guerrero en el que se decía: "Te envío el listado de trabajadores de MRT -Minas de Riotinto- que optan a la ayuda social y por las circunstancias comentadas se han quedado atrás".
El listado relacionaba a seis trabajadores y el dinero que, teóricamente, les correspondería como indemnización.
Pero la Junta se lo calló todo haciéndose cómplice de las irregularidades hasta que el escándalo de los ERE saltó a finales del año pasado. Se supo entonces que alrededor de 700 millones de euros se habían utilizado irregularmente para pagar prejubilaciones en diez años.