La investigación sobre los ERE está llegando a la "cúpula de la pirámide" que señaló, metafóricamente, la propia juez Alaya de instrucción en el auto anterior.
En el pasado mes de febrero, LD ya previó que al menos cinco exconsejeros y sus consejerías estarían implicadas en el caso de los ERE y el fondo de reptiles descubierto en Andalucía. La implicación de Griñán y de su Consejería de Economía y Hacienda ya estuvo en el horizonte del caso desde que la Intervención General de la Junta advirtió que remitió a tal consejería su rechazo de los procedimientos utilizados en la concesión de las ayudas. La novedad consiste en que la juez Alaya decide investigarlo especialmente debido a la petición de la representación jurídica del PP.
El primero de todos ellos y presuntamente inventor del sistema del fondo de reptiles es José Antonio Viera, que fue consejero de Trabajo del gabinete de Manuel Chaves entre 2001 y 2004 y que es, nada menos, actual número 2 de la candidatura por Sevilla del PSOE andaluz.
Cómplice tuvo que ser, decíamos, de su método el entonces director general del IFA, Antonio Fernández, que fue nombrado consejero de Empleo en 2004 con cese en 2010. Está imputado en el procedimiento.
El tercero de ellos, Manuel Recio, porque el sistema ha seguido funcionando sin que él lo hubiera denunciado.
Pero además, hay un cuarto consejero implicado, Francisco Vallejo Serrano, responsable directo de la Agencia IDEA cuando ésta recibía los fondos de Empleo para su conversión en fondos de reptiles. Vallejo fue destituido en 2009, sustituyéndole Martín Soler, responsable del PSOE de Almería, que siguió con el sistema
Además de ellos, pueden estar implicados un número por determinar de directores generales y directivos de las empresas beneficiadas irregularmente.
El caso Griñán
En el nuevo auto de la juez Alaya se avisa de que las ayudas irregulares que está investigando fueron autorizadas por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, un cargo que en el momento de los hechos fue desempeñado por José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo. Por ello, la juez pide copia de las autorizaciones que dio, en la que conste el titular de la consejería en ese momento, previas a la autorización de ayudas que fueran superiores a 1.200.000 euros.
Sin embargo, Griñán tenía que saber de la ilegalidad de las ayudas porque debió conocer el siguiente escrito de la Intervención General de la Junta:
El Interventor General de Hacienda envió ese informe, que advertía de la irregularidad del fondo de reptiles, en 2006 a la Consejería de Economía y Hacienda reclamando su "traslado" y "conocimiento" al entonces consejero José Antonio Griñán. El PP dijo, tras exhibir el documento en un pleno parlamentario, que "el Parlamento ha sido hoy el escenario en el que se han destapado definitivamente las mentiras de la Junta de Andalucía en torno a la trama de los Expedientes de Regulación de Empleo.
Durante la sesión de control al gobierno el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, advertía al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que "es imposible e ilegal que su viceconsejera, hoy consejera -de Hacienda-, no le trasladara informes que afectan a varios cientos de millones de euros. Si se demuestra que la Consejería recibió los Informes de Intervención para hacérselos llegar a usted le quedan dos salidas: o presentar su dimisión o el cese de la consejera por haber ocultado el Informe".
Griñán escuchó las palabras del líder del PP enrocado en su postura de "desconocimiento" de esos Informes que detectaron desde el año 2005 irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo subvencionados por la Junta de Andalucía. Ahora que se sabe que la Junta tenía conocimiento del fraude de los intrusos desde, al menos, 2004, su posición es cada vez más insostenible.
La juez, además de solicitar que se identifique a los directores generales y secretarios generales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía desde 2007 hasta la actualidad, pide también todas las resoluciones generales dictadas por éste y por el consejo rector de IDEA.