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La Agencia de Medio Ambiente andaluza coloca a 111 cargos a dedo

El sindicato CSIF ha calificado esta medida como un "atropello democrático". Entre los beneficiados se encuentras exsenadores, exalcaldes y concejales.

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La Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta consolidará en sus puestos de trabajo a 111 cargos de la antigua empresa pública Egmasa afines al PSOE y UGT colocados a dedo, integrándolos en el convenio colectivo, con lo que adquirirán los derechos establecidos en las normas que rigen su situación laboral.

La medida fue anunciada por el subdirector de Recursos Humanos de la nueva agencia derivada de la Ley del ‘Enchufismo’, Pedro Cortés Aranda, según informó el sindicato CSIF, que ha calificado de "atropello político" la situación porque se trata de que el PP, si gana en las próximas elecciones de marzo de 2012, se encuentre con los hechos consumados La Justicia ha paralizado recientemente la "funcionarización" de los empleados de Egmasa, a pesar de lo cual, el gobierno Griñán sigue adelante con sus planes.

Según El Mundo, el propio Cortés es uno de los beneficiados, junto a los "responsables de gerencia" de las ocho provincias andaluzas, quienes siguen trabajando en la agencia como indefinidos, aunque fuera de convenio, al igual que el resto. Entre los 111 también se encuentran exsenadores, exalcaldes, exdiputados provinciales y concejales en activo del PSOE.

El presidente de CSIF en Almería, Francisco Iglesias, denunció que con la inclusión de estos 111 enchufados por el PSOE en el convenio no se persigue otra cosa que su "consolidación en la agencia ante la posibilidad de un cambio de gobierno en las próximas elecciones autonómicas". De esta forma, en caso de que el PP las ganara, su despido se vería dificultado al tener en contra al comité de empresa, pese a ser, en esencia, cargos de confianza.

Algunos de los enchufados disfrutan de sueldos de hasta 65.000 euros anuales, que podrían ser mantenidos porque el convenio no fija un tope salarial, coche oficial en algunos casos y, por si fuera poco, constan como trabajadores indefinidos desde el primer día en que comenzaron a trabajar para la antigua Egmasa, a pesar de que el convenio colectivo establece que para alcanzar esta categoría es necesario tener una antigüedad de 54 meses.

Tras la ‘Ley del Enchufismo’, protestada por más de 50.000 funcionarios y laborales en las calles andaluzas e impugnada por sindicatos y por el Partido Popular, estos "enchufados" pasaron a formar parte de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua.

Algunos nombres de la lista

  • Pedro Cortés, que compagina su puesto de subdirector de Recursos Humanos de la agencia con el de "responsable de gerencia" –como se les llama ahora en lugar de gerentes– de Málaga. Cortés ha sido secretario general de la Federación de los Trabajadores de la Tierra de UGT, sindicato al que pertenecen muchos de los beneficiados.
  • Aurelio Rogelio Torres, exdiputado y ex vicepresidente de la Diputación de Granada, contratado como indefinido en 2009.
  • José Álvarez Molino (Jaén), exalcalde socialista de Santisteban del Puerto, en el cargo desde 2007;
  • Joaquín Jiménez (Almería), concejal del PSOE en Almería, en el puesto desde 2007;
  • José Gisbert Mármol (Cádiz), desde 2002;
  • María Victoria Hinojosa Pérez (Sevilla), desde 2001;
  • Pedro Silverio (Huelva), desde 1994;
  • Diego Alonso Colacios (Córdoba), desde 1996. Fue Senador electo por Córdoba con fecha 28 de octubre de 1982 por el Grupo Parlamentario Socialista"
  • Francisco Mora Recio, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valverde del Camino y actual director gerente de la nueva agencia, tras ser fichado en 2010.

A pesar de las sentencias, Griñán sigue con su plan

El primer gran revés judicial al gobierno de Griñán en el llamado "decreto del enchufismo" fue la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla que suspendió cautelarmente la incorporación del personal laboral de la Empresa de Gestión Medioambiental de Andalucía (Egmasa), casi 4000 empleados, a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Estos trabajadores pasaron de la extinta EGMASA a la nueva Agencia por Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 30 de abril de 2011. Los recurrentes, entre otros, son la Asociación Al Andalus de empleados públicos de Córdoba y la asociación Defiendo mis Derechos, representados por el despacho del letrado Mariano Aguayo de Córdoba.

El auto, firmado por Magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla, Luis Alfredo de Diego y Díez el pasado 16 de junio y al que tuvo acceso Libertad Digital, indicaba en sus razonamientos jurídicos que "el planteamiento de los actores es, simplemente expresado, que dichos trabajadores, al margen de cualquier oposición o concurso-oposición, pasarán a ser, de hecho empleados públicos. Y apuntan que tal metamorfosis es contraria no solo a la legislación estatal vigente -los art. 61 y 70 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público-, sino al derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad –art. 14 y 23.2 de la C.E.-, toda vez que la mentada integración -según los términos del protocolo- automática en la Administración institucional andaluza se lleva a cabo sin procedimiento público alguno que garantice el acceso en condiciones de igualdad, con total desprecio a los principios de publicidad, mérito y capacidad garantizados constitucionalmente".

El auto sigue indicando que "dicho planteamiento de la parte actora, examinado bajo el prisma de la probabilidad de éxito no es descartable". Como no podía ser de otro modo en este estado del proceso, las denuncias de los actores sobre "funcionarización" encubierta no pueden tener más acogida que su razonable probabilidad, a la vista del sistema de integración que se expone en el protocolo impugnado, sistema que en principio, obvia por completo cualquiera de los controles de acceso al empleo público legal y constitucionalmente.

Al fin y al cabo, el protocolo convierte en empleados públicos a quienes fueron contratados por instituciones privadas de capital o patrimonio públicos, sin sujeción a las exigencias y garantías constitucionales que a cualquier ciudadano se imponen para ocupar un puesto de trabajo en la Administración Pública, sea esta de la naturaleza que sea".

El Magistrado señala en el auto del "peligro de ineficiencia por retraso en la resolución que puede dar al traste con la tutela judicial en caso de que la sentencia fuera finalmente estimatoria". También advierte el magistrado que "de consolidarse la integración, regulada en el protocolo impugnado, sería extraordinariamente complejo, sino imposible, retrotraer la situación, en la maraña de derechos y terceros de buena fe implicados provocarían, en el mejor de los casos, una muy difícil ejecución de sentencia".

Finalmente el Magistrado advierte que "es la Administración andaluza quien ha dado los pasos para llegar a esta situación y debe asumir, con sus recursos, materiales y humanos, la solución hasta que se resuelva el proceso". Y añade "que si problemático puede ser para la administración autonómica reorganizar esos servicios, ahora que todavía no se ha procedido consolidar la integración, más problemático o imposible sería reorganizarlos ante una eventual sentencia firme estimatoria de las pretensiones de los actores, pasados ya varios meses o incluso años".

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