Varios miembros de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares se han personado en las instalaciones de la Ciudad de las Ciencias de Valencia (CACSA), para tomar declaración a varios trabajadores por la pieza separada del caso Palma Arena que investiga los contratos del Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarín entre 2004 y 2006.
Según la Ciudad de las Artes y las Ciencias, no se ha producido "ningún registro" en sus oficinas por parte de la Policía Judicial, a la que tampoco se ha entregado "ningún tipo" de documentación. Fuentes conocedoras de esta actuación han señalado que los agentes y el fiscal han comprobado documentación con personal de los departamentos jurídicos, protocolo y eventos. El objetivo, contrastar su contenido con los contratos suscritos por Iñaki Urdangarín y el Instituto Nóos para la celebración del Valencia Summit, por lo que el organismo que entonces presidía el duque de Palma percibió 2,7 millones de euros.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han confirmado que en Valencia se están practicando una serie de diligencias ordenadas por el juez titular del Juzgado de Instrucción número tres de Palma de Mallorca en el marco de la pieza separada y declarada secreta del 'caso Palma Arena'. La diligencias las está practicando la Policía con un fiscal desplazado desde Palma.
Dos imputados
La policía ha tomado declaración como imputados, en presencia del fiscal Anticorrupción de Baleares, a los exdirectores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Jose Manuel Aguilar y Jorge Vela, en el marco de la investigación en torno al Instituto Nóos que presidió Iñaki Urdangarín.
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, los agentes y el fiscal Pedro Horrach han tomado declaración, entre ayer y hoy, a varias personas como imputadas y testigos en relación a esta pieza del caso Palma Arena, en la que se indaga el supuesto desvío de fondos públicos por parte de Nóos, entre ellos, como testigo, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
Mientras, tanto la Generalidad y el Ayuntamiento mantienen que los contratos con el Instituto Nóos reúnen todas las condiciones administrativas y judiciales.