El promotor inmobiliario Andrés Rodríguez Tapia, impulsor de un proyecto turístico y de golf en Jaén, ha reconocido expresamente ante la Policía Judicial que se valió de la influencia de Iván Chaves Iborra para que le abriese las puertas de la Junta de Andalucía en los tiempos que la presidía su padre, Manuel Chaves, hoy vicepresidente segundo del Gobierno y presidente del PSOE.
Así lo publica hoy El Mundo. Por tanto, este testimonio contradice las afirmaciones del propio Iván Chaves que, tras destaparse el escándalo de sus negocios como comisionista el pasado mes de abril, aseguró que nunca había prestado servicios «relacionados con la intermediación comercial ante administración pública alguna para la consecución de ningún contrato a favor de sus clientes», llegando a amenazar con acciones judiciales.
Esta declaración, entre otras piezas, forman parte de la investigación por el robo en su despacho que ha dado lugar a la destitución del comisario jefe de la Udyco por husmear más de la cuenta. Manuel Chaves negó asimismo las labores de "influyente" de su hijo ante la Junta andaluza.
No es una declaración cualquiera porque tiene valor judicial. Según esta declaración, el empresario Rodríguez Tapia era perfectamente conocedor de la facilidad del hijo de Manuel Chaves para acceder a los despachos de la Administración andaluza cuando firmó dos contratos con el socio de Iván, Javier Olaegui, con quien compartía negocios y beneficios al 50%.
Recordemos que el delito de tráfico de influencias se identifica según el Código Penal cuando un particular "influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero" y, como sigue el Artículo 429 "será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior."
La declaración mencionada tuvo lugar como consecuencia de la investigación de la presunta sustracción de documentos que denunció el pasado mes de abril el propio hijo del vicepresidente. En los documentos robados según Iván Chaves y su padre, Manuel Chaves, estaban las pruebas del negocio comisionista que tenía montado el hijo del actual vicepresidente del gobierno, comisiones que obtenía sobre todo de las gestiones realizadas ante la Junta de Andalucía donde, entonces, mandaba su padre.
Rodríguez Tapia fue interrogado, como testigo, por el grupo V de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla. En ella, contó sus estrechas relaciones con el vástago del ex presidente andaluz y llegó a afirmar, literalmente, que contrató a Javier Olaegui –a efectos de negocios es lo mismo que decir a Iván Chaves, por el contrato privado en el que acordaron trabajar juntos y repartirse la mitad de cada comisión– para que le «facilitase el acceso a la Administración andaluza».
Continúa El Mundo: "El empresario de Jaén impulsaba entonces un proyecto Paraíso Golf que iba a ser realizado en la finca Chillón de Jaén sobre 1,3 millones de metros cuadrados. Rodríguez Tapia contrató al hijo del presidente de la Junta justo en el mismo verano (2006) en que Chaves dio un inesperado giro de 180 grados a la política autonómica sobre campos de golf para permitir proyectos como el impulsado por el promotor jienense en pleno boom del ladrillo, hasta entonces vetados por el Gobierno andaluz, que presumía incluso de haber mantenido una "moratoria" encubierta"".
En su declaración ante la Policía, Rodríguez Tapia también afirma que era «amigo» del hijo del vicepresidente segundo desde hacía cinco o seis años y que había tenido acceso a tres de sus oficinas en Sevilla. Por si fuera poco, añade que llegó a tener llaves de una de ellas –en la calle Ramón Carande–, donde vivía el propio Iván Chaves.