La Diputación Provincial de Málaga aún no ha recuperado cerca de 800 de teléfonos de última generación, al menos 12 ordenadores portátiles y dos IPads, todo ello valorado en más de 180.000 euros, que fueron entregados a cargos de confianza de PSOE e IU cuando ambos partidos gobernaban la institución en coalición y que está llevando al PP a sopesar la posibilidad de acudir a los tribunales.
En las pasadas elecciones municipales, PSOE e IU perdieron el gobierno de la Diputación. Cuando el nuevo gobierno del PP les ha reclamado la devolución de unos móviles de los que disponían en función de sus cargos, se han negado a devolverlos.
Según pudo saber ABC, no se ha devuelto la mayoría de los teléfonos, de los que el 50 por ciento (446) fueron a parar a manos de destinados a cargos de confianza de socialistas y de la coalición de izquierdas.
El pasado 8 de julio, el equipo de gobierno del PP envió un escrito al portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, Jesús Mora, en el que se pedía la devolución de los terminales o pagar su importe para poder adquirirlos en propiedad. Recuérdese la polémica surgida por un IPad que se llevó el expresidente, Salvador Pendón (PSOE).
Pendón, conocido porque fue uno de los más activos militantes del PSOE en los tiempos del 11-M en su llamada a cercar las sedes del PP que hizo desde el teléfono oficial, acabó devolviendo el artefacto acompañado de una carta en la que aseguraba desconocer que debía entregarlo. Pero su ejemplo no ha servido a sus compañeros.
El gasto en llamadas realizado a lo largo de los últimos cuatro años se ha cifrado en unos 104.000 euros. Estos aparatos están dentro del inventario de bienes de la Diputación, institución donde los populares se han encontrado con "un cajón de sorpresas muy desagradables" y una situación económica "preocupante" con un déficit de 3,7 millones.
Téngase en cuenta que uno de los primeros escándalos que hicieron público los populares al llegar al poder fue la existencia de un total de 20 tarjetas de crédito que estaban "para libre disposición" de la directora gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Ana Gómez, con las que se realizaban "pagos en peluquería, farmacia y supermercados". Posteriormente se conoció la contratación masiva de afiliados del PSOE en el Consorcio de Bomberos y las millonarias subvenciones otorgadas a ONG vinculadas a IU.
Ante estos hechos, la asesoría jurídica de la Diputación ya estaba estudiando si se ha producido un delito de "apropiación indebida", por cuanto ese material está registrado en el inventario de la Diputación.