Iñaki Urdangarín se puede enfrentar a los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y falsedad documental. El modus operandi utilizado por el duque de Palma pasaba por la utilización de una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos, del que fue presidente entre 2004 y 2006, y de la promotora Aizoon SL, empresa de su propiedad junto a la infanta Cristina y gracias a las cuales pudo hacerse con varios millones de euros.
La trama se destapó en el marco de la operación del caso Palma Arena en Baleares, tras los convenios que el Ejecutivo autonómico había firmado con la entidad vinculadas al duque de Palma mediante la Fundación Illesport e Ibetur, dependientes de la administración pública.
Según las informaciones que se van conociendo y la opinión de la Fiscalía, Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres podrían haber amañado concursos públicos, desviar fondos a sus empresas y cobrar facturas falsas por servicios nunca realizados. Además, entre sus actuaciones también llegó a cobrar dos veces por el mismo servicio. Y otro elemento que está siendo investigado es la evasión de impuestos al fisco.
No dudó en utilizar su vínculo con la Casa Real como carta de presentación para llevar a cabo sus múltiples y variados negocios. En los escritos en los que Urdangarín presentaba sus propuestas no dudaba en utilizar a la Casa Real como reclamo y allí aparecían los nombres de su mujer Cristina, como infanta y del secretario de las infantas, García Revenga, como asesor de la Casa del Rey.
El plan manuscrito
En un registro de la Policía se confiscó el plan manuscrito con el que realizaban sus operaciones. Consistía en evadir impuestos sirviéndose de dos empresas realizando un sistema triangular de facturas falsas.
Así lo hicieron con los fondos públicos que consiguieron de los Gobiernos de Baleares y Valencia. El dinero público llegaba al Instituto Nóos y de ahí iba a parar a sociedades controladas por el duque y su socio. Éstas emitían facturas falsas que les permitían declarar menos beneficios y así evitaban pagar menos a Hacienda.
Sin embargo, esta no era la única mecánica utilizada. Con la connivencia de la administración balear Urdangarín consiguió amañar un concurso. Los responsables de Nóos se reunieron con el Ejecutivo balear para plantearles hacer un seguimiento de medios del equipo ciclista Illes Balears. Éste convocó un procedimiento negociado por el que tres empresas tenían que presentar sus ofertas. Pues bien, el Instituto presidido por el duque de Palma les dio el trabajo hecho y envió las tres ofertas necesarias desde el mismo fax de Nóos. Evidentemente fueron los adjudicatarios del contrato.
El desvío de fondos parece una constante en los años de Urdangarín al frente de Nóos. Mediante conceptos genéricos en las facturas como "gestión de la logística", desviaba el dinero que recibía de las administraciones a su empresa Aizóon. Además, emitía estas facturas a pesar de que el trabajo lo habían realizado otros profesionales.
Así actuaba según el Fiscal
"La única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nòos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales)", sostiene el fiscal. El auto añade que de esta manera conseguían varios objetivos: aparentar que no querían lucrarse, rodearse "del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas" de la asociación y "evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos".
Simultáneamente, afirma Anticorrupción, organizaron un "entramado societario" para desviar los fondos públicos y privados que recibían del Instituto Nòos y "apoderarse" de ellos. "La operativa consistía en que por el Instituto Nóos se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaba", narra el fiscal, que añade que luego la Administración "simulaba" la contratación de "servicios ficticios" o inflados, de manera que los fondos públicos acababan "en manos de mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarín".
Estas empresas, registradas en Barcelona en el marco de la operación, son la inmobiliaria Aizoon, así como Nóos Consultoría, el bufete Tejeiro, Virtual Estrategies, Intuit, Shiriaimasu y De Goes Center for Stakeholder Management, estas últimas vinculadas a Torres y familiares suyos y que, en muchos casos, comparten sede social.
Administraciones, empresas, clubes...
Sus principales clientes fueron las comunidades autónomas de Baleares y Valencia, entonces presididas por Matas y Camps, respectivamente. Con ellos, organizó varios congresos relacionados con el deporte lo que le permitía desviar fondos.
Pero también otras administraciones públicas tuvieron relación con los negocios de Nóos. El tripartito catalán también realizó negocios al igual que los ayuntamientos de Mataró y Alcalá de Henares, tal y como asegura la Fiscalía.
También hizo sus negocios con el mundo de la empresa. Aceralia y Telefónica fueron asesoradas por el instituto de Urdangarín y hasta la SGAE pagó por uno de sus informes. Hasta equipos de fútbol profesionales cayeron en la red. El Valencia CF y el Villarreal contrataron sus servicios. Este último pagó 690.000 euros por un informe de apenas una decenas de páginas y que además había sido copiado de Internet.
Además, un informe de Hacienda revela que Urdangarín también cobró por asesorar sobre proyectos inmobiliarios en África. Aizóon facturó 365.000 euros a Mixta África entre 2006 y 2009. Un portavoz de esta compañía admite que los pagos eran por "asesoramiento para su implantanción" en el continente africano. El mayor accionista de esta empresa es el príncipe saudí, Alwaleed bin Talal.