"La condena de Jamal Zougam como único autor material y directo de 191 delitos de homicidio terrorista consumados y 1.856 en grado de tentativa así como dos de aborto, cuatro de estragos y pertenencia a banda armada, se sustenta –como principal prueba de cargo- tan solo en las declaraciones de las testigos protegidos C-65 y J-70. Ambas mintieron".
Así de contundentes se han mostrado los letrados Eduardo García Peña y Francisco Andújar, defensa de Jamal Zougam y su madre, en la querella interpuesta por falso testimonio contra las dos testigos protegidas de nacionalidad rumana cuya identificación de su cliente en los trenes fue clave a la hora de dictar la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional.
En la querella, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, los abogados García Peña y Andújar sostienen que las rumanas "mintieron", que lo hicieron "conscientemente y confabuladas" y que, "como consecuencia de su mentira, Jamal Zougam fue condenado".
"C-65y J-70 para, al menos y entre otros motivos, obtener un beneficio económico, permisos de residencia y trabajo y, en última instancia, la nacionalidad española faltaron a la verdad en sus declaraciones afirmando, conscientes de la falsedad, que habían viajado juntas en el tren 21.713 y que habían visto a Jamal Zougam. Todo ello en la creencia de que esto les facilitaría, como de hecho así fue, obtener la condición de víctimas y acceder a las posteriores indemnizaciones y beneficios administrativos", subraya el documento judicial.
En los 21 folios de extensión de la querella, de los abogados de Zougam explican detalladamente las "innumerables contradicciones y falsedades contenidas en todas sus declaraciones en dependencias policiales y ante el juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia".
Los querellantes analizan cómo la testigo J-70 compareció a lo largo de 2004 en cuatro ocasiones ante órganos de Interior para solicitar indemnizaciones o beneficios administrativos relacionados con el permiso de residencia, sin mencionar nunca que hubiese visto a un posible terrorista en los trenes ni que viajase acompañada de su amiga C-65, que había declarado en abril de 2004.
Por fin, el 7 de febrero de 2005, acudió a la Audiencia Nacional para acusar por primera vez a Zougam, quince días después de que el Ministerio del Interior la rechazase definitivamente como víctima de los atentados, "perdiendo así la opción de obtener una indemnización, regularizar su residencia y trabajo en nuestro país y proceder a la reagrupación familiar de su hija menor de edad y entonces residente todavía en Rumanía". "En ese momento", según la querella, C-65 y J-70 decidieron "que esta última acomodaría su versión" a la que ya había ofrecido la primera. Y "tras lo anterior, consigue su objetivo": fue incluida en el listado de víctimas y cobró 48.000 euros.
Por su parte, el escrito expone de C-65 que declaró por primera vez ante la Policía en el Consulado de Rumanía, acompañada de otra persona que "no es la testigo J-70". De esa otra persona, de nombre Florentina, de quien "nunca más se supo" y cuyo testimonio no fue incluido en el sumario de la Audiencia ni fue considerada víctima del atentado.
Por su parte, el testigo R-10 ni siquiera acudió al juicio y fue localizado en Cluj (Rumanía). Según los letrados, el Supremo calificó el testimonio de este último como "irrelevante".