"Se habla mucho de que a esta casa, el ministerio del Interior, le va a tocar una especial responsabilidad en eso que se ha venido a llamar 'la gestión del final de ETA'. Y se ha llevado de manera ejemplar, que lo sepa todo el mundo. Me consta que el ministerio del Interior en ningún momento ha dejado en suspenso el Estado de Derecho, ni lo va a dejar. Se ha hecho un trabajo ejemplar".
Con estas palabras, Jorge Fernández Díaz tomó posesión este jueves de su nuevo cargo haciendo un guiño a la gestión realizada por sus últimos antecesores en el cargo, Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho, salpicados ambos por escándalos relativos a la negociación con ETA como el caso Faisán, en el que se investiga un chivatazo a la estructura de extorsión de la banda terrorista.
En contraste con el discurso sensato de Soraya Sáenz de Santamaría, dejó de lado el que ha sido uno de los mayores escándalos de la democracia, que ha llevado hasta la Audiencia Nacional a importantes cargos de la cúpula policial durante el gobierno socialista, entre ellos, al propio director de la Policía, y que ha sido protagonista de innumerables sesiones de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
El nuevo ministro del Interior quiso dejar claro que no van a bajar la guardia en la lucha contra ETA pese al comunicado de cese definitivo de la violencia que los terroristas hicieron público el pasado mes de octubre: "Todos los instrumentos de la lucha contra ETA van a seguir activos, por lo menos hasta que se pueda comprobar que han dejado de existir".
Tras esto, destacó la importancia de las Fuerzas de Seguridad y de las víctimas en la lucha contra el terrorismo. "Si ETA ha decidido dejar las armas es por la actuación impecable e implacable de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y por el ejemplo ético y moral de las víctimas del terrorismo", dijo.
Además, aseguró de que el cese definitivo de la violencia por parte de ETA "no es suficiente". "Lo que la sociedad española espera y desea es que comuniquen que han dejado de existir, y que sea sin pagar ningún precio", añadió.
Fernández Díaz destacó la importancia de su nuevo departamento como piedra fundamental que garantiza un Estado de Derecho. "El ministerio del Interior es clave en un estado democrático. Garantiza los derechos y libertades de un país, España, del que nos sentimos muy orgullosos".
Así, valoró como algo importante la "labor social" que realizan las Fuerzas de Seguridad y afirmó que garantizarán los derechos como el de "reunión" y "manifestación", y que bajo su mandato se usará mucho el "diálogo" y el "entendimiento", aunque también la "firmeza".
"Vivimos y vamos a vivir tiempos recios. Tiempos complicados que van a requerir de mano izquierda, de mano derecha, de saber ejercer inteligentemente la autoridad legítima y la autoridad democrática, que es perfectamente compatible, y yo diría que complementaria, con utilizar mucho diálogo y mucha voluntad de entendimiento, pero al final, las leyes hay que hacerlas respetar y hacerlas cumplir en todo momento", dijo.
Unas palabras que los allí presentes interpretaron como una clara referencia a los problemas que puedan surgir producto de las movilizaciones y manifestaciones que se podrían convocar como consecuencia de los recortes económicos que podría llevar a cabo el nuevo Ejecutivo.
El nuevo ministro estuvo fuertemente arropado durante su primera comparecencia ante los medios de comunicación. Y es que hasta la sede del ministerio se desplazaron en ex titular de la cartera Ángel Acebes; el ex ministro de Justicia José María Michavilla; el ex presidente del Senado, Juan Ramón Lucas; la presidenta de Castilla La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho; el parlamentario del PP Arsenio Fernández de Mesa –al que muchas quinielas sitúan en un puesto importante dentro del ministerio– ; y el ex director general de la Policía Nacional Juan Cotino.
A estos, se unieron los principales mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como el Arzobispo General Castrense, Juan del Río; el parlamentario de CiU Jordi Jané; e importantes cargos del ministerio durante estos últimos años de gobierno socialista, como el ya ex ministro Antonio Camacho; el ex secretario de Estado de Seguridad, Justo Zambrana; la todavía directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo; y el director general de la DGT, Pere Navarro.