La posibilidad de retirar la acreditación a los gráficos, por un plazo máximo de un año, está incluida en una instrucción de la Presidencia de la Cámara, adoptada este miércoles con el parecer unánime de la Mesa. Sus miembros, informa Efe, han analizado un informe jurídico sobre la compatibilidad entre la libertad de información y los derechos de los diputados.
El informe fue encargado por el presidente del Congreso, Jesús Posada, tras la publicación en el diario El Mundo de una fotografía captada en el hemiciclo con un mensaje privado recibido en el móvil del diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
La imagen permitía leer nítidamente el texto, en el que alguien anunciaba a Rubalcaba que Alberto Ruiz-Gallardón iba a ser nombrado ministro de Defensa, y su publicación fue calificada de "intolerable" por el presidente de la Cámara Baja.
La instrucción establece que para el ejercicio de la información gráfica en el interior del Congreso será preciso disponer de una acreditación, como ocurre ahora, expedida por la Dirección de Comunicación de la institución, teniendo en cuenta "el espacio disponible en la Cámara para el desarrollo de la actividad".
Además advierte de que "solamente los informadores gráficos acreditados podrán efectuar fotografías en el recinto del Congreso", y ello mediante los accesos que se determinen, sin poder captar imágenes en aquellas áreas que se señalen expresamente como prohibidas para tal actividad.
El apartado 5 del documento, bajo el epígrafe "límites", contiene una única disposición que señala: "En el desempeño de la actividad autorizada, los redactores gráficos deberán respetar los derechos fundamentales de los diputados y demás personas que prestan sus servicios en la Cámara".
Así, se establece que si la Dirección de Comunicación detectara "contravenciones" de lo dispuesto en la norma, lo comunicará a la Secretaría General del Congreso, que podrá incoar un expediente "con audiencia de los afectados" para determinar "las circunstancias en que se produjeron los hechos".
Si tras finalizar el expediente "se dedujera un comportamiento inadecuado y contrario a esta instrucción", la Secretaría General elevará una propuesta a la Mesa, la cual estará facultada para retirar la acreditación por un plazo máximo de un año, aunque el medio para el que trabaje el fotógrafo sancionado podrá acreditar a otro profesional. La norma entrará en vigor a partir del 1 de enero, por lo que se podrá aplicar desde el primer pleno del año.
Críticas a El Mundo
En el informe que ha servido de base para la instrucción dictada este miércoles, los servicios jurídicos afirman el diario El Mundo vulneró el derecho al secreto de las comunicaciones al publicar la foto del móvil de Rubalcaba. En su opinión, ha sido un "temerario acto de invasión de una comunicación protegida" por parte del informante al que acusa de haber creado "un hecho noticioso donde nunca lo debió haber".
Añade que la acción de tomar esa imagen no se adoptó "por error o ignorancia" además de no estar amparada "en ningún caso", por la libertad de expresión. Plantean además que, si bien hay jurisprudencia sobre la colisión entre el derecho a la intimidad y la libertad de prensa, no ocurre lo mismo con el derecho al secreto de las comunicaciones que, en el caso de la foto al móvil de Rubalcaba, se ha visto vulnerado.
Añaden que el trabajo de los informadores gráficos no sólo puede vulnerar derechos fundamentales de los diputados, sino que puede entorpecer el desarrollo de su labor y recalca que la publicidad del debate no supone, en ningún caso, que los medios de prensa puedan seguir las sesiones "pegados a la actividad del parlamentario".
"El carácter público de la sesión no puede convertirse en una versión parlamentaria de los programa de reality", afirma el informe de los letrados.
Para reforzar sus conclusiones, los servicios jurídicos aluden a casos famosos de colisión de estos derechos, como el del New York Times contra Sullivan que fue juzgado por el Tribunal Supremo de los EEUU. Alegan además que la ubicación de los fotógrafos en el Congreso, sin que deban hacerlo en una tribuna especial, "es un caso excepcional en el derecho comparado".
Los informadores piden reunirse con Posada
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) han pedido una reunión con el presidente del Congreso, Jesús Posada, ante la instrucción que regula la actividad de los informadores gráficos en el hemiciclo.
La presidenta de la FAPE, Elsa González, y el presidente de ANIGP-TV, Luis Mariano Rivero, pretenden alcanzar con esta reunión, según subrayan en una nota de prensa remitida esta tarde a los medios de comunicación, una solución acorde para todas las partes, respetuosa con el ejercicio de los profesionales de la información y con los derechos de los diputados.
La FAPE considera que la decisión editorial de publicar la fotografía del teléfono móvil de Alfredo Pérez Rubalcaba es "éticamente reprobable", pero también entiende que la solución no está en la amenaza sino en un diálogo que mejore las condiciones de trabajo de la prensa, "lo que redundaría en la calidad de la información que finalmente recibe el ciudadano", según esta organización profesional.