Si no hay adelanto, los vascos están llamados a las urnas dentro de poco más de un año. Las próximas elecciones autonómicas podrían ser las más importantes de la historia de Euskadi. Descontado que se pueda reeditar el vigente pacto PSE-PP, principalmente por las malas perspectivas de los socialistas, parece claro que el nacionalismo volverá a Ajuria Enea una vez que Patxi López ceda el testigo. Pero queda por saber cuál de ellos, si el del PNV o el de Bildu u otra franquicia de la banda terrorista ETA. Los movimientos se están acelerando en el ámbito político y también en el jurídico. Este último aspecto es decisivo para que Batasuna-ETA pueda, en primer lugar, concurrir a los comicios, y en segundo, hacerlo con su rostro más conocido, Arnaldo Otegi, que hoy cumple condena en la prisión de Logroño.
El Tribunal Supremo ya tiene en su poder los recursos de las defensas de Otegi y Díez Usabiaga por el caso Beteragune. Por otro lado, el Constitucional mantiene la incógnita sobre su resolución en el caso Sortu.
Sobre Otegi pesa una condena de 10 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargo público, que le impide presentarse a las elecciones, por pertenencia a organización terrorista. En el último año el mundo de Batasuna ha intensificado una campaña en su favor, presentándole como un líder injustamente encarcelado, en la estela del líder sudafricano Nelson Mandela. El #freeotegi es ya uno de los hastags o temas más recurrentes en la red social Twitter, donde el batasuno cuenta con un perfil propio. Otra estrategia de imagen ha consistido en la popularización del número de preso de Otegi, junto al que se han fotografiado personas próximas a la llamada izquierda abertzale, entre ellos el actor Guillermo Toledo. Además, tal y como ha desvelado El Mundo, el Gobierno Rajoy ya tiene en su mesa un informe del CNI alertando de la campaña internacional de Batasuna para postularle como aspirante al Premio Nobel de la Paz.
El caso Bateragune
El 16 de octubre de 2009, Otegi, junto con Rafael Díez Usabiaga y otros miembros del entorno de ETA, fueron detenidos e imputados por intentar reorganizar la cúpula directiva de Batasuna. Además, Otegi fue detenido, juzgado y condenado por su participación en 2005 en un acto por José María Sagardui Gatza, el preso de ETA que más tiempo lleva encarcelado. Por ello, la Audiencia Nacional le condenó a dos años de cárcel y dieciséis de inhabilitación. Una condena que fue anulada por el Tribunal Supremo, que ordenó repetir el juicio.
De momento, Otegi espera la resolución del Supremo por el caso Beteragune. Su defensa reclama la absolución, dice que por "falta de prueba directa alguna" y por la "constatación de su apuesta por las vías políticas reales". Para avalar dicha tesis, emplea el comunicado de ETA del pasado 20 de octubre en el que habla de un "cese definitivo de la violencia", pero ni de disolución, ni de entrega de las armas ni de perdón alguno a sus víctimas.
En el Tribunal Constitucional también se encuentra pendiente de resolución el recurso de amparo contra la ilegalización de Sortu, en tanto en cuanto estrategia electoral de ETA. Para fallar sobre este recurso, el Tribunal Constitucional tiene que renovarse previamente sustituyendo a cuatro magistrados, uno por defunción y el resto por haber expirado su mandato. Una de las principales patatas calientes que tiene en su agenda el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Extrañas alianzas en Euskadi
Por lo que se refiere al escenario político son muchos los movimientos, y entre ellos el acuerdo de PNV y PP para configurar el Consejo de Administración de Kutxabank, la entidad resultante de la fusión de las tres cajas de la región. Un pacto que deja fuera de juego a Bildu y el PSE, quienes esta semana han unido sus fuerzas en una resolución en la Diputación de Gipúzcoa, gobernada por la franquicia de Batasuna-ETA. En ella, condenaban el "control exclusivo" de peneuvistas y populares sobre Kutxabank. Un asunto por el que miembros de Bildu le habrían pedido explicaciones a la cúpula de la entidad bancaria, según se ha filtrado oportunamente al diario Gara, habitual altavoz de ETA.
En el debate que se produjo en la Diputación de Gipúzcoa muchos ven una división en dos bandos que, paradójicamente, esta vez no se correspondería con el tradicional enfrentamiento entre nacionalistas y constitucionalistas. Una inédita entente entre los de Iñigo Urkullu y los de Antonio Basagoiti podría ser la única vía de cerrar el paso del Palacio de Ajuria Eenea a Arnaldo Otegi, en la hipótesis de un triunfo electoral de Bildu (o de otra franquicia de Batasuna) como el que ya se produjo (en escaños pero no en votos) en las últimas elecciones generales. Siempre y cuando no lo impidiese otra entente no tan inédita, la del brazo político de ETA con los socialistas vascos. La misma que fraguó la negociación política del primer Gobierno Zapatero con ETA, tras una veintena de reuniones secretas entre el propio Otegi y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren.