Según informa El Mundo este lunes, esta semana se cumple un mes desde que los abogados de Jamal Zougam, desde después del juicio en la Audiencia Nacional, presentaran en los juzgados de Plaza de Castilla una querella por falso testimonio contra las testigos rumanas cuyas declaraciones afianzaron la versión oficial y por el que fue condenado como único autor material de la masacre.
En este sentido, según el Código Penal el delito de falso testimonio prescribe a los cinco años de haberse cometido. Sin embargo, las testigos rumanas comparecieron en el juicio el 13 de marzo de 2007 por lo que ese mismo día de 2012, en apenas dos meses, se extinguirá su posible responsabilidad. Y es por tanto la última oportunidad de Zougam de que le revisen la condena. Sin embargo, la juez a la que le ha correspondido la causa aún no ha tomado ninguna decisión.
Hay que recordar que la "principal prueba de cargo" contra Zougam fue el testimonio de las dos testigos que en el juicio dijeron que iban juntas en los trenes pese a las múltiples contradicciones que manifestaron en su comparecencia.
El diario de Unidad Editorial informó en su momento que una de las dos rumanas, conocida como la testigo J-70 no acudió a identificarle hasta que no había pasado casi un año desde el atentado y curiosamente quince días después de que los técnicos del Ministerio de Interior la descartasen como víctima ya que ni siquiera creían que fuera en los trenes. Pero tras acusar a Zougam fue incluida inmediatamente en el listado de víctimas y recibió una indemnización de 48.000 euros.
La testigo C-65 afirmó en su primera declaración ante la Policía que quien le acompañaba en los trenes era otra mujer distinta a la testigo J-70 y que esa persona identificó en fotografías a Zougam aunque en el sumario no aparece ni rastro. El marido de C-65 cobró una indemnización cómo víctima de otro tren y su hermano lo intentó, pero fue descartado.