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Funcionarios andaluces denunciarán a altos cargos de la Junta por enchufismo

La causa la dirigirá el bufete de abogados Mariano Aguayo. Las denuncias se dirigirían a consejeros, viceconsejeros o delegados. 

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Representantes de los empleados públicos de la Junta de Andalucía de las ocho provincias han acordado este sábado, en una reunión celebrada en Córdoba, acudir a la vía penal para exigir responsabilidades a los altos cargos de la Administración autonómica por la polémica reordenación del sector público andaluz.

El objetivo es "preservar las potestades públicas de los empleados públicos de la Junta de Andalucía" e impedir que los jefes de servicio y los altos cargos de la Junta "sigan amparando, como colaboradores necesarios, la usurpación de potestades públicas", según informa El Mundo.

Los tribunales han paralizado la integración de más de 8.000 'enchufados' en siete de las ocho agencias recurridas por los empleados públicos. Sin embargo, la Junta de Andalucía no ha procedido a ejecutar estas sentencias.

Éste es el motivo por el que el bufete de abogados Mariano Aguayo, encargado de la causa, prepara ya la documentación para solicitar en los próximos días en los correspondientes juzgados la ejecución forzosa de los fallos judiciales. Las denuncias se dirigirían a consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos, delegados y secretarios provinciales y jefes de servicio.

El personal externo sigue trabajando y cobrando su nómina de las cuestionadas agencias. Como su integración está paralizada por los jueces, son funcionarios de carrera los que, en muchos casos, tienen que terminar firmando los documentos que ellos no pueden rubricar porque no pueden ejercer estas funciones.

Podrían incurrir en cuatro delitos

Según los trabajadores de la Junta, estos altos cargos podrían estar incurriendo en cuatro delitos: prevaricación, usurpación de funciones, incumplimiento de resoluciones judiciales y revelación de datos sometidos a secreto. Las denuncias estarían dirigidas a consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos, delegados y secretarios provinciales y jefes de servicio.

El portavoz de los empleados públicos en Córdoba, José María Herrera, ha explicado que en las próximas semanas se van a empezar a mantener contactos en las ocho provincias andaluzas para fijar cuál es el mecanismo a seguir para acudir a la vía penal, cómo se va a gestionar y buscar un bufete que se haga cargo. Además, han acordado iniciar un nuevo calendario de movilizaciones antes de las elecciones autonómicas convocadas para el 25 de marzo.

Así, se concentrarán a las puertas del Palacio de Congresos de Sevilla el 4 de febrero coincidiendo con la celebración del congreso federal del PSOE para elegir a su secretario general. Además, celebrarán una "macromanifestación" también en la capital hispalense el día 18 de este mismo mes y volverán a concentrarse el Día de Andalucía en la ciudad donde se celebre el acto institucional, ya sea Sevilla o Cádiz.

Este mismo día, un grupo de empleados públicos saldrá andando de Sevilla en dirección al lugar donde fusilaron a Blas Infante, en Carmona, para participar en un acto simbólico "por lo que supuso su figura de lucha" y donde leerán un manifiesto del que después repartirán por toda la región un millón de copias. Ya en marzo, los empleados públicos han decidido solicitar reuniones con los diferentes grupos políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas.

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