La Junta de Andalucía ha ordenado la suspensión de la contabilidad de las facturas pendientes, así como su devolución a su departamento de origen.
En un correo que muestra ABC, podemos leer que "las intervenciones receptoras de expedientes suspendidos en su contabilización (...) deberán proceder finalmente a su simple devolución al gestor correspondiente". Además, la devolución se hará de forma automática e informática, por lo que cabe deducir que no se devolverán sólo las facturas que presentes incidencias, sino todas.
Por tanto, la Junta ha dado la orden de suspender la tramitación de los expedientes "desde el momento en que se recibiera el correo electrónico hasta el 20 de enero", fecha de cierre del ejercicio 2011 -este viernes 20 se cierra legalmente la contabilidad de 2011-.
La medida es un "truco contable" que "no tiene precedentes" en la Junta de Andalucía, ya que lo que se ordena "no es rechazar las facturas, sino que no se continúe con el trámite". Se pretende "traspasar el déficit de un año a otro" sin tener en cuenta el perjuicio que esto generará en los proveedores que están a la espera del cobro de facturas que son legales.
La paralización afecta también a miles de expedientes de subvenciones, incluso a ayuntamientos que dependen de ellas para poder hacer frente a las nóminas de sus empleados. Y dejan claro el propósito y el método añadiendo: "Lo normal era que al final del ejercicio se agilizaran los pagos para cerrar la contabilidad. La situación nueva es que todo eso, en vez de salir con celeridad, está saliendo pero para atrás".
Por tanto, como dice ABC, los documentos que la intervención ordena devolver "al sector correspondiente" estaban sólo pendientes de la validación de los interventores delegados y su posterior abono en cuenta. Ahora tendrán que volver a pasar todo el trámite y el gasto se computará al ejercicio 2012. Todo esto, a dos meses de las elecciones autonómicas en las que se elegirá al nuevo gobierno de Andalucía.
Mario Jiménez, el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, dijo que lo publicado por ABC de Sevilla es "intolerable porque no está vinculado a la verdad, con lo que eso significa desde el punto de vista de agresión al derecho a una información veraz que tiene la ciudadanía". Pero el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) calificó el jueves como "un nuevo mazazo" la orden de la Intervención General de la Junta de Andalucía y supone "una seria amenaza para 200.000 personas que trabajan en la obra pública".
Por ejemplo, además de que la Junta tarda un año en pagar, las empresas que se dedican a la conservación de las carreteras autonómicas sufren demoras en los pagos superiores a los cinco meses, pese a que la nueva Ley de Morosidad establece un plazo máximo de 30 días para atender las facturas.