El Partido Popular también quiere hacer limpieza de puertas para adentro. Purgarse para que no se vuelvan a repetir imágenes tan desagradables como las vividas en la anterior legislatura, con un partido turbado porque algunos de sus cargos se vieran implicados en casos de corrupción. Habrá presunción inocencia, claro, pero si existe procedimiento judicial, habrá que dejar el carnet del partido.
Así se incluye en la Ponencia de Estatutos que será llevada al Congreso Nacional de la formación, y que va en la línea del Código de Buenas Prácticas que ya firmaron los candidatos del partido a las elecciones autonómicas y locales del año pasado sin llegar al extremo de la policía interna que reclamó Antonio Basagoiti.
Concretamente, el PP obligará a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial que dañe al partido o a la institución pública a la que pertenezca. Y quien lo escribe no es otro que Alberto Fabra, que recibió la presidencia de la Generalidad valenciana tras la dimisión de Francisco Camps, manchado por el caso Gürtel y sentado a día de hoy en el banquillo. También es jefe de Carlos Fabra -con quien no tiene parentesco-, implicado en tramas judiciales
Alicia Sánchez Camacho e Ignacio Diego son los otros dos padres de la ponencia, que establece la obligación de suscribir una "Carta de Compromisos", que contendrá un conjunto de obligaciones de contenido "ético y deontológico". "La negativa a firmar esta Carta impedirá ser candidato en los procesos electorales, cargo público o tener responsabilidades ejecutivas en el PP", precisa el texto, que avanzó Europa Press y confirmó este diario.
Este jueves, Génova ya desgranó su cama ideológica, al reclamar que se fije un núcleo de competencias indelegables del Estado. También fueron dadas a conocer las ponencias económica -muy genérica, que sigue los principios que ya ejecuta el Gobierno-, de exteriores -con el objetivo final de llevar España a la primera división- y social -apostando por el Estado de Bienestar, pero reformado-.
Sobre la referida a los estatutos, el partido deja claro que sus cargos no podrán aceptar tratos de favor o privilegios, destacando la prohibición a la hora de influir "en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo cuando con ellos comporte beneficios", incluyendo su entorno familiar y social.
El Comité de Derechos y Garantías, el mismo que retiró el carnet de militancia a Manuel Cobo o Ricardo Costa, se pondrá manos a la obra en el momento en el que el PP tenga conocimiento de una imputación judicial por "cualquier forma de corrupción", como lo es un "delito doloso" o en contra de "los deberes éticos". De igual forma, se ejecutarán expedientes por falta de ejemplaridad siempre que este organismo así lo considere. También hay una cláusula que permite actuar por "circunstancias especiales".
Declaración de bienes al servicio del partido, comunicación fluida con la dirección nacional por asuntos turbios que tengan que ver con la Justicia... Una carta de compromisos para responder ante "comportamientos indeseables" y que deje al PSOE sin armas políticas. Más bien al contrario, que ponga en evidencia que "son ellos los corruptos", por ejemplo en Andalucía. Rajoy espera que así no tenga que soportar cargas tan pesadas como la de su examigo Camps.