Mariano Rajoy acometerá una auténtica transformación del panorama judicial para poner fin a la politización. Y no se quedará en meras palabras, ya que -tal y como sostuvo en campaña electoral- “es necesario separar el poder judicial de Bermejos y Condes Pumpidos”.
El grueso de la revolución judicial vendrá en el formato de elección del Consejo General del Poder Judicial. En concreto, su gabinete ya trabaja para modificar el sistema de elección de los magistrados del órgano, de forma que sean los mismos jueces, y no el Parlamento, quienes elijan su composición.
De facto, se trata de regresar a la fórmula existente hasta 1985, según la cual doce de los veinte miembros del CGPJ eran votados sin la sombra política, tal y como establece la propia Constitución. El resto, se reparten por igual entre el Congreso y el Senado.
En palbras de Soraya Sáenz de Santamaría, al término de su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso: "En el Consejo General del Poder Judicial tenemos la intención de que un órgano formado por y entre jueces y magistrados sea también nombrado por y entre jueces y magistrados".
Fuentes autorizadas del Ministerio de Justicia confirmaron a este diario que Alberto Ruiz Gallardón ya trabaja en este sentido, bajo petitoria del presidente. Este miércoles comparecerá ante la Comisión de Justicia, al igual que el nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. “Es necesario un cambio de la ley, y en ello estamos”. El objetivo, reiteraron en Moncloa, pasa por “acabar con la percepción mayoritaria de que la Justicia no es imparcial”.
Una Justicia “rápida, eficaz e independiente, que mejore la libertad y la seguridad de los ciudadanos”, dijo el propio Rajoy antes de ser investido presidente, con un sondeo en la mano según el cual “el 54% de los españoles está poco o nada de acuerdo con que nuestros jueces actúen con independencia”. En su Programa Electoral se puede leer un compromiso expreso de reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ, a imagen y semejanza de lo que ocurría hasta 1985. “Se va a hacer así, el ministro está en ello”, zanjó un portavoz autorizado de Gallardón.
Renovación del Constitucional
Soraya Sáenz de Santamaría, además, se comprometió a “recuperar el prestigio” del Tribunal Constitucional, y al hilo anunció que en breve será presentada una Ley Orgánica “para garantizar” que sus funciones “se ajustan a las recogidas en la Carta Magna”.
De igual forma, el Gobierno confirmó que será recuperado el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía; histórico compromiso del PP que ahora podrá hacer realidad. Y por ende será redefinido el recurso de amparo, “para evitar que se convierta en una instancia jurisdiccional más y cumpla así su objetivo original de proteger rápida y efectivamente los derechos fundamentales de los españoles”.
La renovación del Alto Tribunal estará encima de la mesa, si bien no puso fechas. Sí que confirmó que queda abierta la ronda de contactos con el resto de formaciones políticas. “Hemos comenzado ya y ampliaremos las conversaciones con el objetivo de llegar a un acuerdo a la mayor brevedad posible”, avanzó Sáenz de Santamaría.
En cuanto a los miembros del TC, incluyó un nuevo golpe de efecto al elevar la petición de “trabajar en el futuro sobre nuevas fórmulas para el nombramiento de sus miembros, que aporten a la institución una mayor estabilidad y menor dependencia de las coyunturas parlamentarias de cada momento”.