El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, reveló ayer la existencia de una presunta trama de "comisiones ilegales desorbitantes" vinculada al 'fondo de reptiles' que la Junta destinaba a las empresas intermediarias en la tramitación de las pólizas de los ERE. Según Sanz, este dinero, incorporado a cada una de las pólizas, podría suponer un "desfalco monumental" de fondos públicos de unos 200 millones de euros, según los datos de las denuncias que han llegado al Partido Popular.
Sanz acusó, además, a la Junta de Andalucía de "ocultar" a la juez Mercedes Alaya, encargada del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo, documentación sobre "el presunto pago de comisiones ilegales y escandalosas" por parte de la Administración andaluza a distintos intermediarios en la tramitación del conjunto de las pólizas de los ERE, unas comisiones que, según ha apuntado, podrían oscilar entre los 150 y los 200 millones de euros.
Sanz explicó que en algunos casos, el porcentaje que se llevaban las empresas intermediarias, que son siempre Vitalia y Uniter, se sitúa en el 29 por ciento, rondando una media del 20 por ciento. Una cifra que supera con creces la media del mercado, que está en el 2 por ciento.
El dirigente popular denunció que la Junta haya ocultado esta información a la jueza que instruye el caso, y ha asegurado que el gobierno andaluz está al corriente de estos hechos, toda vez que mientras la Fiscalía reclama 100.000 euros a algunos de los 'intrusos' identificados en los Expedientes de Regulación de Empleo, la Junta está reclamando en algunos casos hasta 400.000 euros. "Mientras que la Fiscalía pide lo que se llevó de manera fraudulenta un intruso, la Junta pide lo que pago, que es mucho más de lo que se llevó el intruso".
El secretario general del PP andaluz dijo que esta ocultación merece que la Junta "asuma responsabilidades políticas" al tiempo que emplazó al gobierno a explicar de manera inmediata "adónde ha ido el dinero, quién se ha beneficiado de las comisiones ilegales y por qué se pagaban porcentajes fuera de mercado y de ley".
Sanz añadió que esta trama abre una nueva puerta en el caso ERE, ya que, "ya no hablamos sólo de intrusos", sino del "destino final" de los fondos, algo que, a su juicio, se ha empezado a conocer con las informaciones acerca de la cocaína que comparaba el chófer del exdirector general de Trabajo para ambos con dinero de los ERE.
La Junta ya tenía informes de la intervención en 2000
Además, Sanz ha asegurado que la Junta de Andalucía conocía "desde el primer momento" que el procedimiento que se seguía en la concesión de ayudas a empresas en crisis era "irregular" y que, prueba de ello, es un informe de la Intervención Delegada de la Junta de Andalucía emitido en el año 2000 sobre la cobertura de las prejubilaciones del colectivo de trabajadores de la empresa Hijos de Andrés Molina S.A (conocida como Cárnicas Molina), un ERE en el que el PP sitúa el "origen" de la trama del 'fondo de reptiles'
La intervención delegada de la administración alertó de que contravenía la normativa europea un preacuerdo del 10 de febrero de 1999 entre la Junta y la empresa Hijos de Andrés Molina, que se metió en una caja fuerte de una entidad financiera por un motivo que desconoce pero que "llama poderosamente la atención". Ese preacuerdo, firmado por parte de la Junta por el fallecido César Braña y el intermediario y exsindicalista Juan Lanzas, es la primera fórmula para crear el fondo de reptiles, según Sanz, quien ha señalado que el texto preveía prejubilaciones a los 48 años.