Pedro de Tena
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado un nuevo auto en el que imputa en la causa al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y a su antecesor, Juan Márquez, que sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso. Además, la juez ha imputado a varios responsables de consultoras, abogados, empresarios y sindicalistas.
Según recoge el auto, consultado por Europa Press, Francisco Javier Guerrero, que precisamente este jueves prestó declaración ante la Guardia Civil durante seis horas, también ha sido citado por la magistrada para prestar declaración judicial el próximo 23 de febrero.
Dicha declaración " se circunscribirá al contenido de los atestados recibidos y de las declaraciones judiciales tomadas hasta la fecha, sin perjuicio de que pueda ampliarse con las diligencias previas de los juzgados de Andújar", dentro de las cuales el exchófer de Guerrero confesó que parte de los 900.000 euros que recibió en subvenciones otorgadas por la Junta los destinó a comprar cocaína "para su jefe y para él".
A Rivera, Alaya le imputa por ordenar el 1 de septiembre del 2010 pagos a favor de extrabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor, aunque dos de ellos no pertenecían a la empresa.
Igualmente, imputa a su antecesor Juan Márquez por autorizar la inclusión de intrusos en los ERE de las empresas Surcolor, Aglomerados Morell, Río Grande y Calderinox, esta última en la que se incluyó al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, aunque nunca trabajó en ella.
El auto de la juez
La juez Mercedes Alaya argumenta que, dentro de la investigación en torno a la empresa Surcolor, se ha determinado que Márquez "ordenó" los pagos relativos a la póliza en las resoluciones de 21 de diciembre de 2009 y de 25 de febrero de 2010 y Rivera los relativos a la resolución de 1 de septiembre de 2010, todo ello "para 26 extrabajadores" de la empresa, "expresando en sus respectivas resoluciones que obra en la Dirección General 'el expediente completo de tramitación de la ayuda'".
Según la juez, de este expediente "se deduce inexorablemente que los trabajadores despedidos fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor", y critica que, "como en el caso de Guerrero, se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración; sólo existe solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la prima que correspondía a la empresa, resuelta por Daniel Rivera".
Tras aseverar que, "curiosamente, en dicha resolución, Rivera alega como normativa aplicable la Ley de Subvenciones, cuando en virtud de la misma él no sería competente, por razón de su cargo, para su concesión", llama la atención sobre el hecho de que la Dirección General de Seguros "ha informado que mientras que el montante de las indemnizaciones por despido en las conciliaciones del CMAC ascendían a 1.537.162,03 euros, la prima de la póliza ascendió a 2.674.175,83 euros, conclusión de la que se extrae el dispendio en que habría incurrido intencionadamente la Junta a través de sus altos cargos".
Respecto a Juan Márquez, la magistrada también lo imputa por su labor en relación a la empresa Aglomerados Morell, ya que "no constando" la aprobación del ERE para la extinción laboral de 24 trabajadores, "de los cuales dos no eran empleados de la misma", ni tampoco cualquier otro documento que acredite dicha extinción, tanto Márquez como Guerrero dictaron diversas resoluciones "de forma arbitraria e injustificada y para dar cobertura a los compromisos verbales" del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.
Así, precisa que Guerrero "mostró su disconformidad para la suscripción de una póliza para 24 extrabajadores" de la empresa, mientras que su sucesor en el cargo dictó sendas resoluciones "por las que la Junta se comprometía a abonar 1.459.677,83 euros para la póliza de prejubilación", tras lo que dice que hay que tener en cuenta que, según el administrador de la empresa, "el despido de sus trabajadores no era algo necesario para su empresa, y que fue una condición verbalmente impuesta para la concesión de las ayudas necesarias destinadas a amortizar los gatos del traslado de las instalaciones" a Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
Un punto importante del auto dictado por la juez es el relativo a la empresa Río Grande, pues considera que tanto Márquez como Guerrero "ordenaron el pago, injustificado al no estar amparado en resolución alguna que revista la menor apariencia de legalidad, de importantes sumas mediante el procedimiento de desvío de fondos o pagos cruzados", de forma que ambos, "abusando del ejercicio de sus funciones públicas, podrían ser responsables de la defraudación de fondos públicos por cuantía de 1.531.299,51 euros, de la que injustamente se habría beneficiado" Río Grande.
Asimismo, imputa a Márquez, que fue nombrado director general siendo consejero del ramo Antonio Fernández y que ocupó el cargo entre los años 2008 y el 23 de abril de 2010, por autorizar la inclusión en el ERE de Calderinox del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y de Antonio Fernández Garzón, "ninguno de los cuales trabajó para la empresa".