Los abogados querellantes en la causa abierta al juez suspendido Baltasar Garzón por los cobros de sus cursos en Nueva York han hecho público este lunes un comunicado donde anuncian que pedirán al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena que impute a Garzón por un delito de extorsión.
El pasado viernes Marchena finalizó la instrucción de este procedimiento señalando que existen suficientes indicios como pensar que el juez estrella pudo cometer un delito de cohecho impropio, que conlleva una pena de multa de 3 a 6 meses.
Al conocer los pormenores del auto del instructor del Supremo, Baltasar Garzón manifestó que su inculpación por un delito de cohecho "contradice lo ampliamente probado en la causa". Además, el magistrado de la Audiencia Nacional -suspendido de sus funciones- señaló que la resolución contenía afirmaciones "graves e inciertas" contra él.
Ahora, la acusación ejercida por los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea insiste en que "es falso" que el juez "no haya pedido ni gestionado los fondos de los patrocinios". "Garzón está negando la evidencia olvidando las variadas pruebas que le incriminan, entre ellas la famosa carta encabezada por el "querido Emilio" de enero de 2006, en donde pide a Botín que le autorice un presupuesto económico para los cursos que él dirige, y de cuyos fondos se pagó el salario a su asistente personal, así como otros gastos suyos", subrayan los querellantes.
Según esta parte, "Garzón pidió, valiéndose de su cargo, 2.595.375 dólares de empresas españolas y obtuvo gracias a sus gestiones 1.237.000". Por estos motivos, los querellantes Mazón y Panea entienden que la conducta del juez imputado va más allá del delito de cohecho ya que también podría haber incurrido presuntamente en otro de extorsión penado con cárcel.
Garzón "corre el riesgo de verse en prisión porque las conductas que describe el juez Marchena en su auto, que se valió del cargo para obtener fondos de grandes empresas anteriores o potenciales clientes de su Juzgado y de los Juzgados de la Audiencia Nacional, podrían encajar en un delito continuado de extorsión, como pedimos en el recurso que presentaremos, delito que lleva aparejado penas de cárcel".
Para hacer esta grave afirmación, la acusación subraya que la figura de la extorsión del artículo 243 del Código Penal puede producirse por múltiples maneras y "Garzón era consciente de la presión psicológica que ejercía para recaudar fondos que ninguna Universidad hubiera obtenido de las mismas empresas de no tratarse el solicitante del Juez de las causas judiciales de más riesgo para las empresas. Telefónica y BBVA habían tenido casos con Garzón y Cepsa en los Juzgados Centrales de Instrucción".
Los querellantes ya han anunciado que recurrirán el auto de Manuel Marchena para que el magistrado el Supremo amplíe la imputación de Baltasar Garzón. De momento, las partes tienen un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.