El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció este martes ante la comisión de la materia en el Congreso de los Diputados para hacer públicas las que serán las líneas maestras de su gestión al frente del departamento, y en la que el terrorismo de ETA tuvo un lugar protagonista.
Entre estas medidas, anunció la creación de una política de "reintegración individualizada" para los terroristas de ETA que están cumpliendo condena, con el objetivo de que "den los pasos que otros han dado", en alusión a los etarras que cumplen condena en Nanclares de Oca (Álava), y que se habrían desvinculado ya de la organización terrorista.
Este plan individualizado, según dijo el ministro, se ajusta a lo que marca la ley penitenciaria y trata de reventar la férrea disciplina con la que ETA somete a sus presos en las cárceles. Una disciplina que les impide, por ejemplo, acogerse a beneficios penitenciarios, y que según datos del Ministerio tenía una fidelidad del 95 por ciento entre los etarras presos durante la primera semana de enero.
Fernández Díaz aseguró que "la fortaleza del Estado de Derecho, la unión de los demócratas, la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la actuación de los jueces y la colaboración internacional, especialmente de Francia, han obligado a ETA a comunicar el cese final de la violencia", aunque añadió que "la verdadera prueba de que han acabado es pidiendo perdón a las víctimas" porque "no se pasa a ser demócratas por unas declaraciones bienintencionadas".
Recordó que ETA y su entorno ya "han engañado en numerosas ocasiones a la sociedad" y llamó a "estar alerta" en la lucha contra el terrorismo, tras lo que destacó que será necesario "inteligencia, prudencia, unidad y discreción entre los demócratas" para conseguir el final definitivo de la banda terrorista.
El ministro destacó que "la generosidad de las víctimas ha permitido que España esté muy cerca de la tan ansiada paz" y adelantó que una de sus prioridades será el desarrollo de la Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada en el Congreso de los Diputados durante la pasada legislatura. Informó de la firma de un protocolo de colaboración con el Gobierno vasco para la creación de un centro de la memoria de las víctimas del terrorismo, que tendrá su sede en la comunidad vasca, y que servirá para "preservar la verdad histórica de lo ocurrido".
Además, aseguró que lucharán contra la impunidad, para que no quede ningún asesinato de ETA sin esclarecer, y que se impulsará una campaña para deslegitimar el uso de la violencia. "Se ha adoctrinado en las escuelas a muchos jóvenes", dijo.
Fernández Díaz avanzó que se procederá a una reducción del servicio de escoltas en todo el país y cifró en 2.668 el número de policías y guardias civiles que cumplen actualmente con estas funciones, a los que hay que sumar otros 700 escoltas privados. Un impacto económico que el titular de Interior cifró en 160 millones de euros al año.
Según dijo, pese a la "amenaza latente" del terrorismo de ETA creemos que el número de protegidos "es muy superior al que creemos que debe ser" y anunció que la Secretaría de Estado de Seguridad trabaja ya en un nuevo plan de seguridad, que será fruto de un "análisis del riesgo individualizado", en función del "cargo" que ocupa y del "riesgo real". Eso sí, avanzó que esta reducción de seguridad será "más leve" en el País Vasco y Navarra.
Tras las intervenciones de los grupos parlamentarios, Fernández Díaz volvió a tomar la palabra. En esa ocasión, aseguró que "el ministro no quiere vivir contra ETA, sino sin ETA" y afirmó que "cuando veamos el desarme y la disolución creeremos que están fuera del tacticismo".
Pero su intervención más dura llegó como réplica al portavoz de Amaiur, la franquicia electoral de ETA, en la comisión de Interior, Iker Urbina, quien había pedido un final del terrorismo sin vencedores ni vencidos, la equiparación de víctimas y victimarios y había calificado de presos políticos a los terroristas que cumplen condena.
"Le voy a repetir lo que ya les dijo Mariano Rajoy durante la sesión de investidura. No les debemos nada. Sólo faltaría que la sociedad tuviese que pagar algo por dejar de matar. España es una democracia y no hay presos políticos", le respondió el ministro.
"Si usted hubiera estado ayer, como estuve yo, en el homenaje en Sevilla a Alberto Jiménez Becerril y su mujer, Ascen, asesinados con un tiro en la nuca, que tenían tres hijos de 3, 4 y 7 años a los que ayer pude saludar con 14 años más, se le caería la cara de vergüenza por llamar presos políticos a sus asesinos, porque es una indecencia y una inmoralidad", añadió.
Tras esto, recordó a Urbina que Amaiur no ha condenado todavía ni el terrorismo de ETA ni ha pedido su disolución, lo que emplazó a hacer allí mismo al parlamentario proetarra. Ante el silencio del electo de Amaiur en su turno de réplica, yéndose por la tangente, el ministro tomó la palabra por tercera vez para concluir el intercambio de palabras con el diputado batasuno: "Permítame que le valore más por lo que no dice que por lo que dice", concluyó.