"El magistrado Juan del Olmo no nos mandó ninguna orden para la destrucción de los trenes". Así de contundente se ha mostrado el presidente de Renfe en 2004, Miguel Corsini, durante su declaración como testigo este lunes ante la titular del juzgado Número 43 de Plaza Castilla, Coro Cillán, en el marco de la causa donde se encuentra imputado el exjefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, por su actuación en el 11-M.
En el interrogatorio, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Corsini también ha indicado que tampoco tiene ninguna información de que "la policía ordenara a Renfe la destrucción de los trenes".
Estas palabras se contradicen con la declaración ante la instructora de Fernando Íñiguez, que el 11 de marzo de 2004 era director general de EMFESA, la filial de Renfe encargada de la venta de material de desecho y de segunda mano. Íñiguez declaró que el 11-M recibió una llamada del Director Gerente de Mantenimiento Integral de Renfe, Ángel Olaiz, quien le dijo que ya había autorización judicial para destruir los vagones explosionados en la masacre de Madrid.
El expresidente de la entidad ha negado este lunes en sede judicial hasta en tres ocasiones que Renfe recibiera dicho permiso u orden del magistrado instructor del 11-M, Juan del Olmo. El testigo insistió en la idea de que tampoco recibieron ninguna indicación para conservar los diez trenes que explotaron en el 11M en las diferentes estaciones.
Durante la declaración, el expresidente de Renfe explicó a la magistrada Cillán que su misión era poner en servicio los trenes y que "salvo orden expresa del juez" eso es lo que deben hacer. Corsini contó cómo en algunos accidentes ferroviarios a veces el juez "inmoviliza alguna locomotora" pero que en esta ocasión no recibieron ninguna orden al respecto.
Asimismo, Miguel Corsini ha manifestado que el entonces responsable jurídico de la compañía, José Luis Marroquín, "no le comunicó nada" de una orden judicial "por parte de nadie" para demoler o conservar los trenes. Según declaró Fernando Iñíguez, Marroquín era la persona de Renfe que estaba en contacto permanente con el juez Del Olmo.
Por otro lado, Corsini ha señalado que dado -que Renfe es una empresa de grandes dimensiones, con múltiples departamentos, cada uno con sus funciones muy definidas- era el entonces director de Seguridad de la compañía, Manuel Rodríguez Simons -figuraba como tal en el 11-M en sustitución de Carlos Román que estaba de vacaciones- quien se mantenía en contacto con las Fuerzas de Seguridad del Estado para que les autorizaran a levantar los trenes y no él.
Miguel Corsini estaba en su casa el 11 de marzo de 2004 cuando a las ocho de la mañana recibió una llamada del director general de Renfe para decirle que se estaban produciendo explosiones en los trenes de la masacre. El presidente de la entidad se dirigió entonces a la madrileña estación de Atocha y estuvo reunido con varios ministros del Gobierno. Fue por la tarde, cuando se encontraba reunido con todos los directores de Renfe en la estación de Chamartín "cuando se les autorizó para restablecer el servicio y retirar el material ferroviario". Corsini no ha aclarado de dónde partió esa orden, según informaron fuentes jurídicas.
Asimismo, el directivo explicó que era competencia del director de talleres de Renfe en ese momento señalar si el tren podía ser reutilizado tras un atentado o accidente o, si por el contrario, tenía que ser enviado a EMFESA para su desguace.
Junto a Miguel Corsini, la titular del Juzgado Número 43 de Plaza de Castilla (Madrid) ha tomado este lunes declaración en calidad de testigo a tres miembros del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la destrucción de los efectos personales de las víctimas del 11-M. Tal y como consta en el sumario de la Audiencia Nacional, Del Olmo sí dio autorización para deshacerse de esos vestigios.