El juicio en el Tribunal Supremo contra el magistrado Baltasar Garzón por investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo desde el juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional ha quedado este miércoles visto para sentencia.
En su turno de última palabra, el juez suspendido –que se enfrenta a una pena de 20 años de inhabilitación acusado de un delito continuado de prevaricación- ha declarado que tiene la "conciencia tranquila" porque tomó las decisiones que consideró "ajustadas a Derecho para investigar, perseguir y sancionar los crímenes masivos de desaparición forzada de personas".
Asimismo, el magistrado ha manifestado que abrió causa general a la dictadura franquista para que no se produjese "el olvido y la falta de memoria sobre las víctimas" ante crímenes que él consideró "permanentes". Baltasar Garzón subrayó que se puede discrepar de su criterio jurídico pero que éste "fue defendible".
Por otro lado, el magistrado ha recalcado desde el banquillo de los acusados -donde se ha tenido que despojar de la toga con puñetas para declarar- que hasta el momento en que declaró su competencia para enjuiciar las desapariciones de la Guerra Civil practicó "sólo las diligencias indispensables para decidir sobre la misma" y que lo hizo con la aquiescencia del Ministerio Fiscal.
La vista, que se ha prolongado interrumpidamente durante cuatro horas y media, ha estado dedicada este miércoles a la lectura de los informes de conclusiones finales de las partes.
La acusación ejercida por la asociación Manos Limpias y Libertad e Identidad ha defendido que Garzón cometió un delito "claro" de prevaricación cuando se saltó "a sabiendas" la Ley de Amnistía de 1977. El letrado Joaquín Ruiz Infante destacó que el acusado cometió "un fraude de ley" y "atentó contra el principio de legalidad" vigente.
Asimismo, esta parte –que ha elevado a definitiva su petición de 20 años de inhabilitación- ha manifestado que el juez suspendido se movió por fines políticos cuando decidió enjuiciar el franquismo ya que no trató de hacer lo mismo con los responsables de la matanza de Paracuellos del Jarama (Madrid), añadió Ruiz Infante.
Por su parte, el abogado defensor de Garzón ha solicitado este miércoles la libre absolución de su representado y ha defendido que la querella archivada por el magistrado sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama no es comparable jurídicamente con la causa que abrió por las desapariciones durante la dictadura.
Desde el punto de vista político, ha dicho el letrado Gonzalo Martínez Fresneda, ambos acontecimientos son "igual de repugnantes" con episodios "tristes, trágicos, delictivos y criminales" pero jurídicamente "no tienen parangón". Entre otras diferencias, ha indicado que las víctimas de Paracuellos fueron identificadas y sus familiares indemnizados y reparados en la medida de lo posible –"sabiendo que una muerte no se puede reparar"–, los hechos se investigaron y se procuró sancionar a los posibles responsables.
La posición del fiscal
No obstante, quien ha hecho la defensa más férrea del juez ha sido el fiscal del Alto Tribunal, Luis Navajas.
Éste ha señalado que "desde que se inició la investigación (...) abrigué la duda de qué es lo que se perseguía por las acusaciones". Navajas ha añadido: "Me preguntaba, y aún no me he respondido, si la personalidad e identidad del imputado tenía algo que ver con el fondo de las querellas".
Sin embargo, el fiscal Navajas ha subrayado que comparte el criterio expresado en su día por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que consideró que algunas de las resoluciones de Garzón no eran correctas, aunque ha recordado que el Ministerio Público se limitó a recurrirlas ante la Sala de lo Penal, pero que nunca lo denunció por prevaricación.
"Estamos en un planteamiento erróneo posiblemente", recalcó el representante del Ministerio Fiscal para referirse al hecho de que Garzón pudiera interpretar la ley "equivocadamente pero razonablemente" al tratar de enjuiciar el franquismo obviando la Ley de Amnistía.
El fiscal ha dicho también que el acusado abrió una investigación sobre "los hechos más graves denunciados ante la jurisdicción penal española" y ha destacado que los perseguidos por el franquismo y sus familias han vivido "una victimización permanente" a la que aún no se le ha puesto "el punto final".
El "machacón" argumento de Paracuellos
Frente a esa situación, Navajas ha recordado que en Argentina una juez ha abierto una investigación sobre los crímenes del franquismo y ha dicho que sería "patético y ridículo" que mientras en ese país se tramita una causa por esos hechos "aquí nos dediquemos a perseguir al juez que tuvo el atrevimiento de admitir esas denuncias".
El representante del Ministerio Fiscal también se ha referido a la mención por parte de la acusación de la matanza de Paracuellos. El fiscal ha calificado de "machacona" la comparación con las denuncias por crímenes franquistas. Según él, lo único que tienen en común es que en ambos asuntos se asesinaron a personas inocentes.
A su juicio, Paracuellos fue "un hecho puntual de saca de presos" de cárceles de Barcelona y Madrid, e "incluso hoy se está sometiendo a investigación si responsables de la República tenían implicación" en la matanza. Ha agregado que todavía se desconoce, ha dicho, si el dirigente comunista Santiago Carrillo estuvo implicado.
Tras todos los alegatos, el presidente del tribunal, Carlos Granados, ha dado por concluido el juicio. El ponente de la resolución contra el juez será el magistrado Andrés Martínez Arrieta.