En su primera rueda de prensa como fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dejado claro este martes que él dará margen de maniobra a los fiscales de este país para que actúen de forma "autónoma" siempre que estén motivados por criterios exclusivamente jurídicos.
No obstante, puede sorprender que la cabeza visible de del Ministerio Público –nombrada a propuesta del Gobierno del Partido Popular– diga de forma clara y tajante que no pondrá "ninguna pega" a que la Fiscalía del Tribunal Supremo recurra la condena de once años de inhabilitación por las escuchas ilegales del caso Gürtel al juez Baltasar Garzón, uno de los enemigos manifiestos de la formación que lidera Mariano Rajoy.
La razón esgrimida por Torres-Dulce tiene lógica. Si bien él pidió en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados –antes de tomar posesión de su cargo– a los partidos políticos que no interfirieran en la actuación del Ministerio Fiscal y respetaran su independencia, el fiscal general considera que hay que predicar con el ejemplo. Esto se traduce en que hay que respetar los dictámenes realizados por los fiscales siempre que "sean coherentes" y "rigurosamente jurídicos".
Explicados los motivos, Eduardo Torres Dulce ha defendido que la Fiscalía del Alto Tribunal podrá recurrir el fallo condenatoria de Garzón por prevaricación ya que "no ha sido una sentencia conforme a la posición defendida por el Ministerio Público a lo largo de todo el proceso".
Según ha informado el fiscal general del Estado, el fiscal del TS estudia en estos momentos esa posibilidad "atendiendo a su propia reflexión del asunto" o la de adherirse a los recursos que pudieran presentar contra la sentencia otra de las partes.
Por otro lado, dado que la Fiscalía tampoco veía delito en la actuación del exmagistrado Baltasar Garzón respecto a la financiación de los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York, el fiscal general ha mostrado su "satisfacción" porque el caso haya sido archivado por el magistrado del Supremo, Manuel Marchena.
Por otro lado, Torres-Dulce ha señalado que su departamento no defiende que la doctrina Parot sea "inconstitucional" y ha añadido, con respecto a los recursos de amparo que analiza el Tribunal Constitucional (TC) en relación con este asunto, que es necesario estudiar "caso por caso".
"No hay una doctrina general aplicable a la doctrina Parot en el sentido de criticarla, entenderla inconstitucional ni en general una doctrina con respecto a dichas situaciones", ha señalado antes de indicar que la Fiscalía del alto tribunal examinará los motivos de amparo que se han planteado "en cada caso concreto y determinado".
Torres-Dulce también ha destacado que la posición en relación con este asunto será realizar un "examen casuístico" de los más de 60 recursos de amparo que se han presentado ante el Tribunal Constitucional, la mayoría de los cuales afectan a miembros de la organización terrorista ETA.
Del mismo modo, ha asegurado que no ha fijado "doctrina ni instrucción alguna" sobre este asunto y que la Fiscalía del Tribunal Constitucional actuará con "absoluta autonomía".
Asimismo, el fiscal general del Estado ha asegurado que "hasta este momento" la Fiscalía Anticorrupción no tiene previsto solicitar la citación de la infanta Cristina en la causa en la que se investigan las actividades de su marido, Iñaki Urdangarin, a través del Instituto Nóos.
"Valorando las circunstancias del caso concreto, cuando el fiscal anticorrupción asignado al caso exprese su opinión se tomará la decisión correspondiente. Lo que sé es que, hasta este momento, no hay ninguna previsión a ese respecto", ha concretado, en una rueda de prensa ofrecida este martes.
El fiscal general ha advertido, no obstante, que en las valoraciones sobre la posición del fiscal adscrito al caso debe regir "la prudencia". "Si entiende que de alguna forma eso puede producirse así me lo hará saber a través de su superior, el fiscal jefe Anticorrupción", ha especificado.