La Junta impuso una reforma de la administración para situar en la órbita pública a los 25.000 contratados en las diferentes empresas públicas y entidades creadas por el gobierno socialista a lo largo de los años. La reforma fue contestada por los funcionarios y laborales de la Junta tanto en la calle como en los tribunales.
Los jueces han hablado pero las resoluciones judiciales no han sido cumplidas por la Junta. Este es el motivo de la nueva convocatoria de huelga que las plataformas y sindicatos de funcionarios y empleados hostiles a la Ley dictada por Griñán han convocado para el próximo día 18.
Este miércoles tuvo lugar la rueda de prensa en la que Aurelio Barrera, presidente de la Asociación Aidos para la defensa de la Administración Pública, junto a la que convoca el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAFJA); José Manuel García, de USO; Pedro Ruiz, de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, y Alicia Martos y Rafael Martínez, de CSIF, hicieron ayer una llamada a la participación en la marcha que este próximo sábado a las 12 del mediodía partirá de la plaza de la Encarnación de Sevilla y concluirá a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, donde se procederá a dar lectura a un manifiesto.
Afirmando que igualmente reclamarán al PP si gana la derogación de la Ley, criticaron que se esté convirtiendo la Administración andaluza en una "empresa privada", politizada y clientelar, en la que se relega el papel de los funcionarios y se promociona al personal procedente de las antiguas empresas públicas y fundaciones.
Recuérdese que desde hace más de un año cientos de funcionarios se congregan con pitos, originales disfraces y nuevos lemas y pancartas para protestar contra el "decretazo" del gobierno Griñán y su Ley del Enchufismo. Pero la protesta incluye también ahora el no acatamiento por parte de la Junta de las sentencias judiciales que han dado la razón a los empleados públicos.
El origen de esta conmoción en la administración de la Junta de Andalucía fue el intento, frenado incluso ya por los tribunales, de convertir en empleados laborales de la Junta de Andalucía a los trabajadores contratados sin pruebas adecuadas ni control suficiente en las diferentes entidades que conforman el sector público de la Junta de Andalucía, desde sociedades anónimas a fundaciones pasando por organismos diversos. En conjunto, la cifra de 25.000 "intrusos" refleja con claridad la envergadura de la operación iniciada por el gobierno socialista ante la expectativa de perder las elecciones en Andalucía el próximo 25 de marzo.
Como consecuencia de este menosprecio a la función pública andaluza, funcionarios y laborales de la Junta de Andalucía comenzaron en 2010 y 2011 una serie de protestas incluyendo abucheos y pitadas a los altos cargos del gobierno de la Junta de Andalucía. Finalmente, tuvieron lugar dos manifestaciones sin precedentes en la historia reciente de Andalucía. Alrededor de 40.000 personas se dieron cita en Sevilla para manifestar su oposición a una ley, que, precedida por dos "decretazos", ha sido recurrida ante los Tribunales por los sindicatos, salvo CCOO y UGT, cómplices de la operación socialista, y por el principal partido de la oposición, el Partido Popular.