La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a los etarras Óscar Zelarain y Andoni Otegi por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, perpetrado el 4 de agosto de 2002 y en el que murieron dos personas: Cecilio Gallego y Silvia Martínez, una niña de seis años.
El juicio arrancó a las once de la mañana. El etarra Andoni Otegi, que tras el anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA en octubre de 2011 aseguró que eran "tiempos de soluciones", no ha reconocido este lunes al tribunal que lo juzga por el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) y se ha negado a declarar.
"Este tribunal no tiene legitimidad para juzgar la lucha del País Vasco y no voy a formar parte de él", ha manifestado Otegi ante la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que desde hoy lo juzga junto a su compañero del grupo Argala, Oscar Zelarain, para quienes el fiscal pide 1.180 años de cárcel para cada uno por el atentado en el que murieron una niña y un jubilado, informa EFE.
Otegi y Zelarain -que también se ha negado a declarar hoy- fueron los primeros terroristas juzgados tras el anuncio del cese definitivo de la violencia hecho por ETA y en ese juicio, celebrado el 27 de octubre de 2011, el primero manifestó que "son tiempos en los que esto (el conflicto) se tiene que solucionar", tras lo que tampoco reconoció al tribunal.
Durante la vista han testificado varios miembros de la Guardia Civil, entre ellos el instructor de las diligencias y uno de los agentes que realizó la inspección ocular del lugar, quienes han considerado que la hora elegida para atentar (las 20:15 horas) era "propicia" para obtener efectos devastadores, además de indicar que no hubo "ningún tipo de aviso" de la colocación de la bomba. "Siendo el mes de agosto, siendo verano y una zona de costa, era una hora propicia para causar mucho daño tanto en el cuartel como en la parada de autobús de enfrente", ha recordado el instructor antes de subrayar que era además una zona de paso de vehículos.
Asimismo, el agente que inspeccionó la zona ha dicho: "para lo concurrido que era, poco pasó", tras lo que ha explicado que ese cuartel "pasaba bastante desapercibido" y estaba formado por cinco edificios, cuatro de ellos de viviendas, en las que había "más de 20 casas".
Otro de los guardias civiles que ha testificado ha recordado que varias personas reconocieron a los terroristas, entre ellos una pareja de Madrid y otra holandesa que estaban hospedados en el cámping Bahía, a unos cuatrocientos metros del cuartel, donde se alojaron los acusados días antes del atentado.
También los identificaron varios trabajadores y clientes de ese establecimiento, así como el dueño de la empresa donde alquilaron el ciclomotor con el que se desplazaban, que ha apuntado que "hablaban de una forma extraña que no era castellano".
Según ha relatado otro de los agentes, tras ser detenidos Zelarain, alias Peio, y Otegi, Iosu, en Bagneres de Luchon (Francia) el 20 de septiembre de 2002, se les incautaron croquis de los cuarteles de Santa Pola, Alicante y Torrevieja y un listado de matrículas y modelos de coches de la zona para "doblar" las placas.
Además de estos testigos, también ha declarado el etarra Juan Carlos Besance Zugasti, que no ha ratificado su declaración policial en la que reconoció la participación de los acusados en los hechos ya que, según ha dicho siguiendo las premisas de ETA, todo lo que declaró lo hizo "bajo torturas".
Para el fiscal Miguel Ángel Carballo, los acusados son autores de un delito de estragos terroristas, dos de asesinato terrorista y 55 de asesinato terrorista en grado de tentativa, por lo que reclama para cada uno 1.180 años de cárcel.
Según su escrito de conclusiones provisionales, sobre las 20:15 horas del 4 de agosto de 2002 Zelarain y Otegi, que formaban parte del grupo Argala de ETA , "explosionaron un coche-bomba que habían estacionado junto a la valla del acuartelamiento (...) con intención de matar a cuantas personas se encontrasen en su interior".
El Ministerio Público sostiene que "el vehículo fue instalado sin previo aviso al objeto de lograr el mayor número posible de víctimas y a una hora en la que presumían que los agentes residentes en las viviendas de la casa cuartel se encontrasen cenando y, por tanto, lograr así la mayor lesividad posible".
La explosión mató a la niña Silvia Martínez, de 6 años, hija de un agente que vivía en el cuartel, y al jubilado Cecilio Gallego, de 57 años, que estaba en una calle contigua al edificio esperando el autobús.
Además, otras 55 personas resultaron heridas y hubo cuantiosos daños materiales, especialmente en el acuartelamiento, cuya reconstrucción costó más de seis millones de euros.
El coche-bomba había sido robado en Francia el 5 de junio de 2002, llevaba unos cien kilos de explosivo y los sospechosos tenían en su poder croquis de cuarteles de Torrevieja y Alicante.
El presidente de Voces Contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, se ha pronunciado sobre este juicio en los informativos de esRadio.
Alcaraz ha dicho en Es Noticia que "se está hablando mucho de la memoria", así como del "reconocimiento a las víctimas" y de "perdón", pero matiza que se obvia "con gran intención" la palabra "justicia". Para el presidente de VCT, esto es lo que demandan las víctimas del terrorismo y agrega que, sin justicia, "se obvian la memoria y la dignidad".