El viernes tras el Consejo de Ministros, a preguntas de esRadio, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se negaba a concretar si el Gobierno había emprendido alguna acción concreta para actuar contra las franquicias de Batasuna. Unos días antes Rosa Díez se había quedado sola en el Congreso reclamando la ilegalización de Amaiur, con representación en la Cámara Baja. Este domingo, en dos entrevistas concedidas a El País y La Razón, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, adelanta que el Ejecutivo está en posesión de dos informes de la fiscalía y la abogacía del Estado, basados en datos que aportan la Policía y la Guardia Civil, que “nos dicen que no hay base probatoria para instar la ilegalización”. En El País le preguntan en concreto por la legalización de Sortu que deberá decidir en breve el Tribunal Constitucional. El ministro dice que acatarán la sentencia y añade: “Otra cosa es lo que yo quiera, o piense, pero no sería prudente manifestarlo”.
La otra cuestión que centra las entrevistas es la política penitenciaria. Fernández Díaz señala la contradicción que existe entre pedir a ETA su disolución incondicional y, al mismo tiempo, aplicar cambios en la política penitenciaria. “Incondicional es incondicional” concluye. Pero a continuación deja la puerta abierta a posibles beneficios penitenciarios a presos terroristas: “las leyes, dentro de sus márgenes de discrecionalidad –que no arbitrariedad-, se pueden aplicar de forma distinta con ETA disuelta. ¿Me he explicado? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Cuando ETA deje de existir, la ley podrá aplicarse de otra manera porque habrán desaparecido las causas de esa política”.
El máximo responsable de la política antiterrorista reconoce que tanto él como Mariano Rajoy tienen una “interlocución muy intensa” con Antonio Basagoiti e Iñaki Oyarzabal -los números uno y dos del PP vasco- y a la pregunta de si el Ejecutivo ha mantenido, aunque fuese indirectamente, algún contacto con ETA responde tajante: “Ni lo ha tenido ni va a tenerlo”. Además, Jorge Fernández Díaz asegura que si la banda terrorista proclama su disolución será muy fácil que las Fuerzas de Seguridad la verifiquen. “No necesitamos ningún verificador externo”.