El Parlamento de Cataluña ha admitido a trámite la ley de consultas populares después de que el PSC haya retirado su enmienda a la totalidad, la única que se había presentado, pese a una intervención muy crítica con la iniciativa.
La vicepresidenta el Gobierno catalán, Joana Ortega, ha presentado este miércoles en la Cámara autonómica la iniciativa que regula el régimen jurídico y el procedimiento de las convocatorias de consultas populares que no son un referéndum para conocer la opinión de los ciudadanos sobre actuaciones o políticas públicas, y pueden convocarlas el presidente de la Generalitat, Artur Mas, así como desde las entidades y a propuesta de los ciudadanos recogiendo un mínimo de 50.000 firmas.
Las consultas no tendrán carácter vinculante y recurren al padrón municipal y no al censo para votar, un derecho que podrán ejercer las personas mayores de 18 años de nacionalidad española u otros estados de la Unión Europea empadronados en algún municipio catalán. "Es un paso adelante que refuerza nuestro autogobierno y permite avanzar en calidad democrática", ha sostenido Ortega, quien ha asegurado que el proyecto era un compromiso del Gobierno de Artur Mas hacia los ciudadanos y ha pedido el máximo consenso para aprobarlo.
La diputada del PSC Laia Bonet ha anunciado la retirada de la enmienda a la totalidad en pro del diálogo y el consenso, aunque considera que el proyecto de ley está basado "en la renuncia, el engaño, la cobardía y la soberbia" y chocará probablemente con el Tribunal Constitucional. "Pretenden regular un instrumento de propaganda política que tiene en el pacto fiscal su primera parada en busca de un beneficio partidista y en detrimento del país, y que nos llevará a la frustración", ha augurado la diputada socialista, quien ha instado a CiU a aprovechar su relación con el PP para que les permita celebrar una consulta sobre esta cuestión.
Desde el PP, Santi Rodríguez ha remarcado que, pese a que es una iniciativa positiva en beneficio de la participación ciudadana, puede acabar siendo origen de conflictos sociales e institucionales si es mal utilizada: "El proyecto puede ser una cerilla en manos de un pirómano y el PP intentará mojar esta cerilla en el trámite parlamentario". Y es que, según el diputado popular, el texto no puede legitimar consultas sobre la independencia de Catalunya ni propuestas políticas y "partidistas" como el pacto fiscal, por lo que las enmiendas que presenten intentarán limitar la ambigüedad de la iniciativa y que se no rebasen las competencias exclusivas de la Generalitat.
El diputado de C's Albert Rivera ha avalado la celebración de consultas populares, aunque limitadas a los ámbitos en los que la Generalitat tiene competencias porque plantarán cara si se impulsan "trajes a medida" con preguntas sobre el pacto fiscal o cuestiones independentistas.
La diputada de ICV-EUiA, Dolors Camats, y el de ERC, Pere Aragonès, han expresado el apoyo de sus formaciones al proyecto de ley, no sin avanzar algunas de las enmiendas que presentarán y advertir del "campo de minas jurisprudencial" que se encontrarán si sale adelante.
Por la vía de enmiendas también modularán su posición SI, después de que el diputado Alfons López Tena haya defendido las herramientas de participación ciudadana "pero no los plebiscitos".
La diputada de CiU Dolors Batalla ha reivindicado la importancia de las consultas porque representan una mejora de la calidad democrática y un nuevo instrumento de participación en favor del "derecho a decidir", y ha confiado en que las diferencias puedan solventarse en el trámite parlamentario.