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coinciden las horas de las llamadas

La declaración del yerno de Elosúa refuerza la versión de Ruz sobre el chivatazo

Ruz ha tomado este lunes declaración como testigo a Carmelo Luquin.

El bar Faisán. Archivo

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha tomado este lunes declaración en calidad de testigo a Carmelo Luquin, yerno de Joseba Elosúa, el dueño del bar Faisán donde se produjo el soplo a la red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006.

El testimonio de Luquin es de suma importancia ya que él fue la primera persona a la que Elosúa comunicó que había recibido el aviso de que se iba a dar un golpe policial a la red de extorsionadores de la banda terrorista.

Luquin, que se encuentra imputado en la pieza principal donde se investiga la financiación de ETA a través del cobro del "impuesto revolucionario", ha avalado este lunes "punto por punto" la tesis defendida por el juez Ruz sobre chivatazo, según informaron fuentes jurídicas a LD.

El yerno de Elosúa, quien estaba visiblemente alterado durante el interrogatorio, ha explicado que el 4 de mayo de 2006 su suegro fue a visitarlo a la perfumería que tiene en Irún –al lado del bar Faisán- sobre las 11:00 horas.

Más tarde sobre las 11:25 horas, Joseba Elosúa vuelve al establecimiento de Luquin para contarle "muy nervioso" que un hombre acaba de entrar en su bar y le ha dado un telefóno. Segundos antes se había producido el chivatazo a ETA. Es más, Carmelo Luquin ha relatado este lunes ante el magistrado Ruz que él vio alejándose al hombre al que su suegro hacía referencia como uno de los presuntos autores de la delación.

Según la versión de Luquin, Elosúa volvió al bar Faisán hasta que a las 12:30 él va a buscarle para llevarlo a Francia, donde llama a través de una cabina a José Antonio Cau Aldanur, que actuaba como enlace en el aparato de extorsión de ETA. De la investigación judicial se desprende que el dueño del bar Faisán habló con Cau Aldanur a las 12:40 horas ya en terroritorio francés.

De esta forma, la versión de los hechos aportada este lunes por Carmelo Luqui cuadra perfectamente con la avalada por el juez Pablo Ruz en el auto donde procesó al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, al inspector de Policía José María Ballesteros y al ex jefe Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés que, posteriormente, fue revocado por la Sala de lo Penal, presidida entonces por el magistrado Javier Gómez Bermúdez.

En su auto, Ruz situó a Pamiés como la persona que habló por teléfono con Elosúa para darle el soplo y a Ballesteros como el agente que entra en el bar Faisán para pasarle el móvil al presunto cobrador de ETA. La franja horaria es coincidente. "Siendo aproximadamente las 11:17 horas se detecta la presencia indubitada del funcionario policial Ballesteros caminando hacia el citado bar, si bien en lugar de entrar por la puerta principal accede al bar Faisán por la puerta posterior; una vez dentro (...) y siendo las 11:23 horas el inspector Ballesteros realiza una nueva llamada al jefe superior Pamies con una duración de 8 minutos y 11 segundos". Según el magistrado y la Fiscalía, ésta es la llamada con la que se produjo el chivatazo.

Por su parte, las defensas de los tres imputados sostienen que el chivatazo no se produjo hasta las 12:26 horas y que sus responsables serían del equipo del comisario Carlos Germán, jefe del equipo policial que investigaba al aparato de extorsión de ETA, en concreto otro miembro del mismo, llamado Enrique.

Sin embargo, otros dos miembros del equipo investigador que también han declarado este lunes han asegurado al juez que este último agente no salió en ningún momento de la oficina, por lo que no pudo hacer entrega a Elosúa del teléfono móvil.

Mientras tanto, los dos funcionarios de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía que grabaron la conversación entre el dueño del bar Faisán y su yerno han dicho al juez que no escucharon su contenido, por lo que éste se conoció posteriormente durante la investigación del soplo.

Junto a estas declaraciones, Ruz ha ordenado practicar múltiples diligencias después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia señalara que su instrucción sobre el chivatazo tenía "inconsistencias relevantes".

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