Tras varias semanas sin pleno en el parlamento de la Comunidad de Madrid por el lapso vacacional, las sesiones de control al Gobierno de Esperanza Aguirre han vuelto y lo han hecho con el foco puesto en asuntos de política nacional: los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la pasada Huelga General.
Lo primero ha sido el objeto de la pregunta de Tomás Gómez, que ha cuestionado a la presidenta por la incidencia de los PGE en la Comunidad de Madrid. El socialista ha criticado a Aguirre porque ésta no pida ahora la deuda que sí exigía a los gobiernos de Zapatero.
Gómez, además, ha recordado las palabras de Aguirre sobre la conveniencia de devolver algunas competencias al Estado y le ha espetado que "si ya pensaba que el cargo al que se presentaba era inútil y debía desaparecer" debería dimitir. Insistiendo en el mismo sentido el líder del PSM ha terminado su discurso asegurando que "el problema" no es que la presidenta "no crea en las autonomías", sino que "no cree en el Estado", una falta de fe por la que en opinión de Gómez "debería dimitir".
La "locura gastadora"
Aguirre, por su parte, ha recordado la situación crítica de la economía y ha aportado datos cómo que sólo el pago de la deuda supondrá un coste de 650 euros a cada uno de los 45 millones de españoles.
La presidenta ha recordado además que esta situación se debe a la "locura gastadora socialista" que desperdició miles de millones en "cosas innecesarias como el Plan E".
Como muestra de esta "locura gastadora" la presidenta popular ha recordado que "en sólo dos años, de 2007 a 2009, se pasó de un superávit del 3 por ciento a un déficit del 11 por ciento". Además, ha recalcado que en los PGE de 2010 el incremento "de gasto no financiero fue del 16%".
Este vigor en el gasto ha sido el responsable, para Aguirre, de que "cada vez estemos peor" y se haya llegado a la actual sensación, que ha denominado "el drama que tenemos".
Por último, Aguirre ha recordado que la política de su gobierno es "quitar todo lo superfluo para mantener lo esencial", citando como partidas esenciales la educación y la sanidad. Además, ha recordado que "no seguirán subvencionándose cosas que puedan mantenerse por sí mismas" como "partidos políticos, sindicatos, patronal y personas con rentas altas".
Los piquetes, "antidiluvianos"
La segunda pregunta destinada a Aguirre la ha formulado el portavoz de IU, Gregorio Gordo, que ha recordado lo que en su opinión ha sido "el éxito de la huelga general".
Por supuesto, la presidenta de Madrid no ha compartido esté análisis sino que ha asegurado que "la inmensa mayoría de los madrileños no secundó" una huelga que en su opinión estaba basada "en un lenguaje prehistórico" y en elementos "antidiluvianos como los piquetes informativos", que ha considerado completamente fuera de lugar en un mundo con los actuales medios de comunicación: "¿Usted se cree que a estas alturas hay alguien que necesita que le informen a la entrada del trabajo de que hay huelga?", ha preguntado con sorna.
Y es que según la presidenta madrileña la huelga se basó en "amedrentar y amenazar", y "allí donde no ha habido amenazas no ha habido huelga", ha dicho recordando la bajísima incidencia del paro tanto en el sector público como en el privado.
Además, Aguirre ha recordado que pese al mandato constitucional de regular el derecho a huelga "han pasado 34 años sin que se haya desarrollado el derecho de huelga y no se ha hecho porque a ustedes [en referencia a los grupos de izquierda] les horroriza que se haga".
La popular ha recordado que en ausencia de esa ley orgánica es un decreto preconstitucional validado por el Tribunal Constitucional, en el que se dice que una huelga es ilegal si se convoca por "motivos políticos" o cualquier otro "ajeno al interés laboral de los trabajadores".
Y, por supuesto, Aguirre no ha tenido empacho en declarar que la huelga general del 29M fue política porque "¿contra qué patronos se ha convocado?". Para la presidenta está claro que "iba contra el gobierno legítimo de la nación elegido menos de 100 días antes por una amplia mayoría".