La Fiscalía Anticorrupción, el PP y el sindicato Manos Limpias han solicitado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza y el pago de una fianza de 890.052.666 euros en concepto de responsabilidad civil para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado dentro de la investigación por las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), han informado a los periodistas abogados presentes en la declaración.
Durante la celebración de la comparecencia de medidas cautelares, que ha concluido alrededor de las 21:35 horas de este lunes, el Ministerio Público ha pedido a la juez Mercedes Alaya el ingreso en prisión de Antonio Fernández, petición a la que se han adherido PP y Manos Limpias, mientras que la Junta no ha solicitado el ingreso en la cárcel del exconsejero, sino que comparezca semanalmente en el Juzgado y que pague una fianza de 68 millones de euros, así como que se le retire el pasaporte.
El exconsejero, por su parte, ha concluido su declaración con un alegato final en el que se ha preguntado: "¿cómo podría yo haber evitado esto?", informa Europa Press.
A preguntas de su letrado, Alfonso Martínez del Hoyo, el imputado ha mostrado su "absoluto" convencimiento de haber actuado siempre conforme a la legalidad y no haber consentido ninguna conducta ilegal por parte de ninguna persona, pero "a día de hoy, y ante los evidentes indicios que contiene el procedimiento, se cuestiona, se tortura y se machaca preguntándose si podía haber actuado de otra manera".
De este modo, y según ha informado a los periodistas su propio letrado, el imputado se ha cuestionado "si en vez de ser un consejero impulsor, debería haber sido un consejero cercano y vigilante de la gestión de sus subordinados y no tan confiado", no obstante lo cual ha reconocido que "ya no hay marcha atrás".