El gobierno andaluz, "apesadumbrado"

Al Gobierno andaluz le causa "pesadumbre" el ingreso en prisión del exconsejero de Empleo Antonio Fernández decretado esta madrugada por la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha manifestado hoy la portavoz del Ejecutivo en funciones, Mar Moreno.

Moreno ha reaccionado de esta forma, en la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, a la decisión de la juez de instrucción número 6 de Sevilla y, a preguntas de los periodistas, ha defendido "el trabajo intenso y positivo" del exconsejero para la resolución de "importantes conflictos laborales".

La representación judicial de la Junta de Andalucía en el caso, que ejerce como parte acusadora, no consideraba necesario el ingreso en prisión del exconsejero al entender que una fianza y su comparecencia semanalmente en el juzgado era suficiente, ha reiterado Moreno.

En su último Consejo de Gobierno como portavoz en funciones, Moreno ha asegurado que el fraude en los ERE es "un caso del pasado" que "no afecta al Gobierno saliente y mucho menos al futuro Gobierno", por lo que ha rechazado que se tengan que exigir responsabilidades políticas a Manuel Chaves o José Antonio Griñán por tener a Fernández como consejero cuando fueron presidentes.

Preguntada por si la Junta teme una cascada de ingresos en prisión de otros imputados, como el director general de Empleo, Daniel Rivera, Moreno ha dicho que el Gobierno andaluz afronta el caso sin "ningún tipo de temor" así como con "valentía" para investigar, denunciar y "llegar al fondo del asunto afecte a quien afecte".

La consejera de la Presidencia ha asegurado que la Junta va a seguir colaborando hasta el esclarecimiento final del caso para "castigar a los culpables" y recuperar "hasta el último euro" presuntamente defraudado.

Moreno ha defendido, además, que la Junta ha sido "firme y contundente" en la denuncia e investigación del caso, y ha expresado su deseo de que Fernández pueda "defender su inocencia".

La consejera ha señalado que a la Junta se le debía exigir diligencia en perseguir la corrupción, lo que asegura que han hecho, y ha agregado que Griñán, como presidente, ha luchado con "enorme valentía desde el minuto uno" en ese ámbito.

Además, ha reiterado que la Junta sigue considerando que el conjunto de las partidas denominadas 31L, que son las ayudas sociolaborales autonómicas, "no son ilícitas en su conjunto, sino que ha habido determinadas ayudas que se han usado de forma fraudulenta", un criterio distinto al que mantiene la juez.

"No todo procedimiento administrativo idóneo lleva aparejada una responsabilidad penal", ha enfatizado la consejera antes de mostrar su convencimiento de que "los tribunales terminarán teniendo esa apreciación, lo cual es totalmente es compatible con la contundencia" en la persecución del fraude realizado.

La portavoz no ha querido opinar sobre la comparecencia judicial durante cuatro días del exconsejero de Empleo encarcelado, el primero de un Ejecutivo socialista andaluz que sufre esa medida.