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CONVULSIÓN EN EL PSOE ANDALUZ

Griñán permite a sus abogados destruir la defensa del ex consejero Fernández

El PSOE andaluz está convulsionado en vísperas de su sonado y polémico acuerdo de gobierno con IU.

Pedro de Tena

El PSOE de Cádiz, a través de Luis Pizarro, mano derecha de Manuel Chaves mientras fue presidente de la Junta y patriarca del ya famoso clan de Alcalá, ha afeado la conducta de los abogados de la Junta en el interrogatorio de la juez Alaya al ex consejero imputado porque no han defendido la legalidad de los procedimientos usados en el fondo de reptiles, tesis esencial en la defensa de Fernández.

De este modo, Griñán ha dejado al ex consejero Antonio Fernández a los pies de los caballos con el propósito de parar el ascenso de una marea que puede terminar engulléndolo. 

Es más, los servicios jurídicos de la Consejería de Empleo han sostenido que la concesión de ayudas directas a empresas y ayuntamientos se realizó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento reglamentario. Según El Mundo, la defensa numantina de Fernández se centraba en argumentar y demostrar que la concesión de tales ayudas era totalmente legal y ajustada a norma y derecho. 

Pero la asesoría jurídica de Empleo, tras la revisión de los casos de diferentes beneficiarios de ayudas desde el pasado 29 de diciembre, considera que tales ayudas son nulas debido a su ilegalidad y por ello exige la devolución del dinero, lo que anula la defensa del ex consejero y apoya decisivamente las tesis de la juez Alaya y de la Fiscalía. Como es sabido, la juez Alaya siempre ha considerado que el procedimiento utilizado en la Consejería de Empleo de la Junta y en la agencia IDEA pretendía eludir los controles de la Intervención

El letrado jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, en una de sus respuestas a los interesados, considera que concurre causa de nulidad de pleno derecho por la "incompetencia manifiesta" del director general de Trabajo para dar subvenciones, cosa de la que parece haberse dado cuenta ahora pero no antes, razón por la cual la juez Alaya ha decidido investigar el comportamiento de los servicios jurídicos de la Junta. 

Además de devolver la cantidad percibida, deben satisfacerse los intereses de demora acumulados. Ahora  el Consejo Consultivo de Andalucía deberá emitir un dictamen sobre la cuestión. 

La rebelión del PSOE de Cádiz, cuna de Antonio Fernández

El diputado del PSOE en el Parlamento andaluz por Cádiz y ex consejero de Gobernación, Luis Pizarro, criticó en la Cadena Ser la intervención del abogado de la Junta de Andalucía durante el interrogatorio al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, porque "no defendió unas políticas que han resuelto muchos problemas con el empleo en Andalucía". Pero el consejero de Gobernación y Justicia en funciones, Francisco Menacho, hombre afín a Griñán y considerado un "traidor" de Cádiz, respondió a Pizarro que la representación legal de la Junta en el caso ERE ha actuado en todo momento guiada por "criterios técnicos" y en ningún caso por "argumentos políticos".

Según La Razón, Pizarro, "número dos" del PSOE-A durante la etapa de Manuel Chaves en la Secretaría General del partido, firmó el lunes un manifiesto de cargos orgánicos del PSOE de Cádiz en el que se solidarizaba con el ex consejero de Empleo Antonio Fernández tras su ingreso en prisión y en el que lo calificaba de "represaliado político". Una interpretación que pone en cuestión la decisión judicial y que, entre otros, la avala Pizarro, ex consejero de Justicia andaluz. Hoy, el PSOE federal ha tildado como "raro" el encarcelamiento de Fernández porque ni hay riesgo de fuga, ni hay posibilidad de entorpecer que no hubiera podido haberse hecho ya y no haber más alarma social sobre el tema. 

La Junta de Andalucía está personada en la causa como acusación, circunstancia que ha sido criticada por varias de las partes. El abogado de Francisco Javier Guerrero pidió incluso a la juez Mercedes Alaya que apartara a la administración andaluza del proceso, a lo que se opuso la magistrada. En la vista de medidas de cautelares contra Fernández, no se adhirió a la petición de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción para el ex consejero pero ha contribuido a desmontar la defensa del mismo. 

 

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