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Soraya: "Vamos a aplicar la ley"

Enfado en Moncloa por el "soplo" de Interior y petición de discreción

El Gobierno niega contactos con ETA, pero no se pronuncia sobre el perdón de los etarras. Varios ministros se quejaron de la actitud de Interior.

La nueva maniobra antiterrorista del titular del Interior molestó a varios colegas del Consejo de Ministros, si bien la reunión se centró en los asuntos económicos, y en concreto a los informes que serán remitidos a Bruselas. La mayoría entró no tanto en el fondo, como sí en la forma: dar a conocer un plan penitenciario que, aseguran fuentes gubernamentales, "aún estaba sin concretar".

Esto no significa, ni mucho menos, que el nuevo paso no contara con el plácet del presidente. Pero sí que la filtración a la agenda de noticias EFE supuso "un acelerón" en los planes del Ejecutivo sobre ETA, dejando con el pie cambiado a cargos tanto del PP como del propio Gobierno. Un lío "de Interior y no nuestro", insistieron en Moncloa.

Fuere como fuese, Mariano Rajoy marcó en la víspera la línea a seguir: nada ha cambiado. Y el Gobierno se enrocó en ese mensaje: "Ni se negocia ni se va a negociar" con la banda terrorista, por lo que no hay novedad. En lo que no entra es en el hecho de que los etarras se vayan a librar de pedir perdón o en las muchas críticas vertidas tanto por las víctimas como por el sector más firme del PP.

En una calculada respuesta, Soraya Sáenz de Santamaría se centró en lo que llevaba preparado para no entrar en conflicto con nadie, menos aún con las víctimas. Lo que quiso dejar bien claro es que no habrá, ni ahora ni nunca, diálogo con ETA. "Los presos no pueden esperar nada de ninguna negociación con el Gobierno", aseguró, al término del Consejo de Ministros.

Según su versión, el Ejecutivo va a aplicar la Ley "en toda su extensión". En este sentido, desbrozó la norma penitenciaria para recalcar que los posibles beneficios son "individualizados" para aquellos terroristas que "de manera clara, rotunda, decidida y solemne decidan abandonar la banda". Tendrán que cumplirse, insistió, "todos los requisitos" que se prevén en la ley, si bien rehusó aclarar si tendrán que arrepentirse y, en consecuencia, pedir perdón.

Esa "declaración pública", continuó Sáenz de Santamaría en una segunda pregunta, será "constatable" y revisable en el tiempo. Tendrán, sí o sí, que abandonar la organización terrorista. "A partir de ahí se iniciará el procedimiento de reinserción", explicó. Preguntada por la ubicación de las cárceles donde se darán los cursillos, la vicepresidenta tampoco quiso adelantar acontecimientos.

Ya entrando en el fondo, las aguas volvieron a bajar revueltas. En el propio Consejo de Ministros hay división sobre la norma, habiendo quienes son muy críticos. Mientras, el PP sigue dividido. Oficialmente, alineamiento. Pero "a título personal" críticas tan reseñables como las de Teresa Jiménez Becerril, eurodiputada y víctima, que instó al Gobierno a buscar otros caminos que no hicieran daño a quienes han sufrido la lacra del terrorismo.

El sector de las víctimas preocupa especialmente. De hecho, el Gobierno ya trabaja para "volver a conectar" con ellas, mientras que en Génova también se preparan para reforzar este trabajo. Les será difícil: "El problema es que no hay cambios con la anterior política antiterrorista, la del PSOE, pero sí con nuestro Programa", destaca un descontento dirigente del PP.

Para evitar este nuevo incendio político, en el Ejecutivo se instaló una idea más; la de intentar llevar a cabo los próximos movimientos en esta materia bajo un paraguas de "discreción". Atando todos los cabos, hablando con los diferentes colectivos. Todo ello, insisten, bajo la premisa "irrenunciable" de no negociar con ETA, pero evitando estridencias públicas.

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