El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".
Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es el Estado el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador "para evitar duplicidades y solapamientos".
En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas.
El decreto aprobado este viernes deroga otro, aprobado el verano pasado por el Gobierno socialista, que autorizaba a las comunidades autónomas a asumir competencias sancionadoras sobre las cuencas hidrográficas que pasaran por sus territorios y que fue interpretado en su día como la ruptura del principio de unidad de cuenca establecido por el alto tribunal.
El objetivo del Gobierno con esta nueva medida es, insistió, "evitar duplicidades" y para ello será el Estado el que asumirá la gestión y competencias de policía en las confederaciones hidrográficas. Esta línea también se llevará a cabo en las zonas protegidas puesto que "a veces en un mismo trayecto confluyen varias calificaciones" produciéndose problemas en el régimen jurídico aplicable en cada situación. La vicepresidenta explicó que el Gobierno pretende simplificar este régimen de calificaciones de espacios protegidos para que usuarios y municipios "lo tengan claro". "Se abre la senda al procedimiento de simplificación", dijo.
Soraya Sáenz de Santamaría puso como ejemplo de estas duplicidades la gestión de residuos, que calificó de "paradigmática". Hasta ahora para el traslado de residuos entre distintas comunidades autónomas se necesitaban notificaciones de las regiones de origen y destino. Ahora habrá un sistema "más sencillo y barato".
Del mismo modo, la vicepresidenta anunció una racionalización de los aprovechamientos de los recursos hídricos e insistió en reforzar la potestad sancionadora del Estado.
Así, indicó que este conjunto de medidas "es uno de los ejemplos más claros de por dónde va a trabajar el Estado para evitar duplicidades y para clarificar cuál es la administración competente en cada momento".