Cuando Diego Valderas, el portavoz y -tal vez- futuro vicepresidente de la Junta de Andalucía, dijo que aceptaba las medidas de Rajoy por "imperativo legal", hace sólo un día, pocos se esperaban que, ayer mismo, tal imperativo pasara a mejor vida.
Ahora, Izquierda Unida presiona abiertamente al PSOE y a su gobierno en la Junta de Andalucía para que la legalidad laboral derivada de la reforma del gobierno de Mariano Rajoy no se aplique en la Administración andaluza. Con ello, la confrontación diseñada por la nueva coalición con el gobierno del PP da el primer paso y sitúa a José Antonio Griñán en medio de un escenario en el que tendrá que defender la legalidad y, al tiempo, hacer concesiones a los partidarios de la ilegalidad.
De hecho, IU propone que la reforma laboral se aplique a todos los andaluces menos a los 250.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía, y muy especialmente a los 25.000 empleados de empresas públicas y entes diversos pendientes de consolidar su puesto de trabajo debido a la oposición de los funcionarios y a las sentencias de los Tribunales.
El propio Diego Valderas en su discurso de ayer en el pleno de investidura ya manejó el incumplimiento de la ley como estrategia de la confrontación. De hecho, y así lo destaca El Mundo, planteó la necesidad de que la Junta se declarara en rebeldía contra la reforma laboral aprobada por el Parlamento español y que, en todo caso, no se aplique en el sector público autonómico.
Concretamente, Valderas lo expuso de este modo: "Yo creo que hay que declararnos también en rebeldía ante una reforma laboral que combatimos, que combatimos aquí, que combatimos en la calle, y que yo creo que el Gobierno andaluz, llegado el caso, no debe de aplicarla en el personal laboral que tiene. Y eso hay que plantearlo como un gesto ante el conjunto de una sociedad y ante el rechazo a una reforma laboral que no podemos compartir, y que estamos comprometidos a restablecer, llegado el momento, en el escenario de gobierno de nuestro país". En su discurso, el portavoz socialista Mario Jiménez Díaz apuntaló la idea de la "maldad" de la reforma laboral aludiendo a "los más de trescientos sesenta y cinco mil desempleados que la reforma laboral del Partido Popular ha producido en España en este primer trimestre...".
El propio José Antonio Griñán, en su respuesta a Javier Arenas, se refirió a la política laboral del PP que lo que ha hecho es "deprimir las condiciones de trabajo a través de la reforma laboral, suprimir prácticamente la negociación colectiva a través de la reforma laboral", aunque no precisó si apoyaba la propuesta de su socio de gobierno de no aplicar la reforma laboral en la Junta. Desde luego sí dijo que las leyes hay que cumplirlas, gusten o no. Pero Valderas apostilló que cuando no gustan, hay que rebelarse y cambiarlas.
Javier Arenas respondió a los diferentes ataques socio-laborales de este modo: "En España hace 25 años se recortaron las pensiones, hace 25 años, y no fuimos nosotros; que en la legislatura pasada se recortaron las pensiones, y no fuimos nosotros; que en España en 1988 se pusieron en marcha los famosos contratos basura sin protección social, y no fuimos nosotros; que en el año 1992 en España se recortaron las prestaciones por desempleo, y no fuimos nosotros; que en enero de 1994 hubo otra huelga general, ésta le tocó al señor Griñán; que tuvimos que hacer el Pacto de Toledo porque la Seguridad Social estaba al borde de la quiebra, y no fuimos nosotros".
El imperativo legal
La referencia al imperativo legal por parte de Valderas hacía esperar que tal "imperativo" se refiriera a toda la legalidad, pero el propio Valderas dejó claro que ni se refería a un imperativo ni a toda la legalidad. Lo expresó de este modo: "Sólo acataremos por imperativo legal la política de recortes y la política de consolidación fiscal planteada por el Gobierno del Estado, que actúa de manera seguidista con Bruselas, incluso a veces siendo más duros que lo que plantean Merkel y Sarkozy, el Sarkozy, posiblemente, con fecha de caducidad. Pero no podemos aceptar la permanente amenaza de intervención por parte del Gobierno de España, por parte del Ministerio de Hacienda de Andalucía, ni podemos aceptar el chantaje como forma de imponer los recortes o el vaciamiento del Estatuto de Autonomía por la vía de la asfixia presupuestaria".
Es más, Valderas llamó a contrarrestar los recortes con lucha institucional y en la calle, incluso con el gobierno al frente. Y lo dijo de este modo: "Andalucía, sus instituciones, sus gentes, sus trabajadores, sus mujeres, sus estudiantes, sus jubilados, sus campesinos, las clases medias, tienen que encabezar la resistencia al recorte de sus derechos, que solo podemos contrarrestar desde la lucha institucional. Desde la parlamentaria también, pero yo diría que sin olvidar la calle, sin dejar de estar en la calle. Y esta Andalucía aprendió en determinados momentos de dureza que tenía que salir a la calle, a veces con su Gobierno al frente, para defender, lógicamente, su Estatuto de Autonomía. Yo estoy convencido de que vamos a tener que volverlo a hacer en otra ocasión, posiblemente...
Es tiempo de lucha política, es tiempo de lucha ideológica, yo diría que es tiempo, incluso, de atrevimiento sin presupuesto en el hacer las políticas, de construir democracia participativa, y también, cómo no, deconstruir los vicios acumulados que, lógicamente, son siempre necesarios de revisar en cualquier marco de renovación y regeneración institucional...".
La visión que Valderas tiene del PP -no se refirió para nada al PSOE al que ha acusado de corrupto durante años-, es la que sigue: "Ante la resistencia, la movilización y la contestación social, la respuesta del Gobierno del PP está siendo habitual: descrédito de las organizaciones sociales, sindicales; listas oscuras en las subdelegaciones de gobierno; respuesta autoritaria, represiva, y a veces la criminalización de todo lo que se mueve. Y, cómo no, de este Gobierno que empieza su andadura a partir de este momento".