La iniciativa está sobre la mesa de los asesores jurídicos de Moncloa. Ahora, el Ejecutivo ha decidido ampliar el debate a expertos en Derecho Constitucional para sustentar legalmente el proceso.
El procedimiento incluiría la creación de un censo de desterramiento que incluye, según El Mundo, entre 200.000 y 300.000 personas. Uno de sus principales impulsores ha sido el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, y cuenta con el visto bueno de Mariano Rajoy.
El próximo 7 de junio se celebrará una jornada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con una quincena de expertos juristas. El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, publica El Mundo, anunciará la celebración del seminario –llamado "Residencia y derecho de sufragio. Análisis del caso vasco"- . El Gobierno pretende que de los informes y ese seminario salgan las bases de la reforma.
La reforma garantizaría la participación de los ciudadanos vascos "exiliados" en las elecciones vascas previstas para 2013. No obstante, un adelanto electoral a otoño dificultaría su aplicación en esa próxima cita con las urnas.
La principal dificultad que se están encontrando los servicios de Moncloa es a la hora de definir quién tiene derecho al voto. Resulta también complicada la confección de censos ante la falta de documentación al respecto. Basagoiti señala que desde 1979 el censo vasco ha perdido 309.000 votantes.
El Foro Ermua y diversos colectivos de víctimas llevan años trasladando a los partidos esta pretensión. Señalan que existen vascos exiliados en Hispanoamérica que votan con normalidad en las elecciones vascas, mientras que otras personas obligadas a trasladarse a otras provincias por la amenaza de ETA simplemente no pueden hacerlo.