Ramona Garrido, viuda de José María Latiegui, asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas –escisión de ETA– en 1981, solicitó este martes al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que los atentados y asesinatos de la organización terrorista ETA sean considerado como crímenes de lesa Humanidad, para que no prescriban judicialmente.
El encuentro entre ambos se produjo en la sede de la Fiscalía, aprovechando que Garrido se había desplazado hasta la capital de España para reunirse en el Congreso de los Diputados con todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de solicitarles que conformasen una comisión sobre los exiliados por el terrorismo de ETA.
Según informó el abogado de Garrido, el experto en derecho penal internacional Miguel Ángel Rodríguez, el fiscal general del Estado calificó como "novedosa" la argumentación expuesta, si bien admitió que se trata de una cuestión de complejidad que hay que estudiar, y se comprometió a abrir diligencias informativas sobre la cuestión y al término de las cuales indicará su postura.
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado negó después, a través de un portavoz, haber adquirido ningún compromiso con la víctima de ETA. El portavoz precisó a Europa Press que la reunión se produjo y que el fiscal general se limitó a escuchar las peticiones de sus interlocutores, sin adquirir compromiso alguno al respecto.
En declaraciones a LD, Ramona Garrido reiteró que el fiscal general del Estado prometió que "iba a hacer unas diligencias informativas". "No estábamos más que cuatro personas", insistió Garrido, en alusión a su abogado, al fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, a Torres-Dulce y ella misma.
Según explicó, el fiscal general le indicó que lo iba a estudiar "formalmente" advirtiendo que no era un asunto "de hoy para mañana". Por todo ello, tanto ella como su abogado salieron de la reunión pensando que se lo había "tomado en serio".
Las peticiones de Ramona Garrido
Garrido y su abogado facilitaron a Torres-Dulce un estudio jurídico sobre los crímenes de la banda en el que se sostiene su carácter de lesa humanidad en el contexto de una persecución.
Le recordaron al máximo representante del Ministerio Público que España firmó en 1977 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y en 1979 el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ambos textos establecen la obligación de aplicar el Estatuto de Londres de la Corte Penal Internacional de Nüremberg de 1945 a los crímenes contra la humanidad.
Garrido defendió en la reunión que su marido fue asesinado por ETA cuatro años después de la firma de esos tratados internacionales y posteriormente la banda mató a otras 792 víctimas además de las miles de personas aún a falta de investigar sobre las que los terroristas han desarrollado crímenes de persecución. "No puede ser que el crimen contra Latiegui sea considerado prescrito cuando se comete cuatro años después de que España firmase un tratado que define estos crímenes como imprescriptibles", insisten. El asesinato del empresario fue declarado prescrito en 2010 en un auto de la Audiencia Nacional muy duro con la actuación del fiscal.
En el encuentro, el abogado de Garrido le ha prometido facilitarle más documentación sobre el caso en una reunión que ha sido "muy extensa" y que, en principio, han considerado "un paso adelante". Esperan mantener un nuevo "contacto" pronto con la Fiscalía.