El 'caso Dívar' continúa dando titulares. La asociación de juristas Preeminencia del Derecho ha denunciado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, por haber pagado presuntamente sus viajes privados a Marbella con el presupuesto de este órgano público.
Ésta es la primera acción legal que se dirige contra Dívar después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara la investigación sobre los veinte fines de semana que el magistrado pasó en un hotel de Puerto Banús (Marbella), tras recibir la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez. Paralelamente, en las últimas horas el órgano de gobierno de los jueces ha recibido más de mil quejas para que Carlos Dívar presente su dimisión por este escándalo.
Ahora, la asociación que preside el abogado José Luis Mazón acusa a Dívar de haber cometido presuntamente un delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto de malversación de caudales públicos, "siendo un alto cargo del Estado" y pide a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo que investiguen estos hechos para "depurar responsabilidades".
En la denuncia, los juristas señalan que "el principio de que cada uno se paga sus fiestas fue roto en la conducta del presidente del Consejo General del Poder Judicial desplazando los costes económicos, total o parcialmente, de sus fines de semana caribeños a las arcas públicas".
Asimismo, en el escrito presentado en el Alto Tribunal se critica duramente la investigación que el Ministerio Público llevó a cabo sobre los viajes de Dívar a Marbella tachando la misma de "pantomima o farsa demostrativa de la falta" de ajuste "de la Fiscalía a su papel constitucional y su lacayismo o dependencia del poder político de turno".
Se critica además al vocal José Manuel Gómez Benítez, que es quien acudió a denunciar a Fiscalía, por el hecho de no presentar la documentación directamente ante el alto tribunal. "Tanto le daba dirigir la denuncia a la Fiscalía, por lo común hipotecada en manos del Gobierno, que a la Sala Penal del Tribunal Supremo, no sujeta a instrucciones gubernamentales", señala.
"La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraidas y con la ética exigible a este alto cargo público, el más representativo del Poder Judicial", señala el escrito.
Desde la asociación Preeminencia del Derecho se insta al Supremo a admitir a trámite esta denuncia y recabar toda la información relativa a los viajes que Dívar realizó a Marbella.