Las explicaciones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, no han sido suficientes para el PSOE. Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró hoy que no “hay actitudes que no puedo comprender ni suscribir” y que “no me gustan nada”. De ahí que le hayan parecido “claramente insuficientes” las explicaciones de Dívar a quien le solicitan su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
“Le vamos a pedir que venga a explicarse aquí al Congreso y a través del Congreso a todos los ciudadanos”, dijo Rubalcaba en rueda de prensa en el Congreso.
A quien no le pareció bien la propuesta del PSOE fue al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien defendió el papel de las instituciones y las explicaciones dadas por el alto responsable del poder judicial. Preguntado por la posibilidad de una comparecencia parlamentaria, el titular del ramo descartó la cuestión apelando a las separación de poderes.
“Ya saben ustedes que, según nuestra Constitución, la responsabilidad de los miembros del poder judicial corresponde ser exigida en el seno del Consejo. Al Parlamento le corresponde el control del Ejecutivo pero constitucionalmente, por la separación de poderes, no le corresponde al Parlamento el control político del órgano de gobierno de la magistratura. Vivimos en un estado donde los poderes, afortunadamente, están separados”.
Tampoco el portavoz de CIU, Josep Antoni Durán i Lleida, quiso pronunciarse sobre el particular escudándose en que su opinión sobre el CGPJ la tiene el vocal nombrado a propuesta de los nacionalistas catalanes. “No tengo nada que decir. Respetar su decisión. Se que hay unas diligencias judiciales que se archivaron pero yo no entraré en esa dinámica del CGPJ de una parte contra otra”.
Sin embargo, fuentes parlamentaria consultadas por este diario aseguran que el presidente del Tribunal Supremo podrá comparecer en el Parlamento “siempre y cuando lo aprueben los órganos parlamentarios y se cumplan los requisitos”, que son la petición por parte de dos grupos parlamentarios o de un quinto de la Cámara Baja, es decir, 7 diputados.