Ha comenzado un nuevo escándalo de la Junta de Andalucía con la denuncia que el presidente de los regantes, Rafael Algarín, trasladó el 28 de mayo a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla por presuntas irregularidades en el proceso de modernización de regadíos.
"Voy a poner en un papel nombres, apellidos y cantidades" dijo el pasado 7 de febrero un representante de la empresa Befesa, del grupo Abengoa, en la sede de la Delegación Provincial de Agricultura de Sevilla en una reunión mantenida con la dirección de la Comunidad de Regantes Las Marismas del Guadalquivir y en la que estaban presentes técnicos del departamento que por entonces dirigía a nivel regional la exconsejera socialista Clara Aguilera.
La Comunidad de Regantes de las Marismas de Guadalquivir fue constituida en el año 1999. Cubre 12836 Hectáreas regadas y agrupa a 1118 Comuneros. Esta Integrada en la Comunidad General de Usuarios del Bajo Guadalquivir. Engloba a los Términos Municipales de los Palacios, Utrera, Las Cabezas, Dos Hermanas y está integrada en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Según La Razón, esta entidad de derecho público se encuentra en una difícil situación económica, con una obra sin terminar y teniendo que hacer frente al préstamo que solicitaron a una entidad financiera para abonar la parte no subvencionada de la inversión. Los promotores de esta acción también han dado traslado al Ministerio de Agricultura y a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ya que la UE ha aportado fondos comunitarios en este proceso.
Favoritismo de la Junta hacia el grupo Abengoa
En octubre de 2004, el ya extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) concedió a la comunidad de regantes una subvención para la modernización de sus regadíos de más de 40 millones de euros correspondiente a un presupuesto máximo subvencionable de 66.608.189,18 euros. Se adjudicó la obra a la empresa Befesa-Construcciones Alpi por un importe de 60.739.165,37 euros porque la dirección general de regadíos de la Consejería de Agricultura rechazó la primera adjudicación, en la que resultó con mayor puntuación otra UTE.
Según la denuncia, miembros de la mesa de licitación y el entonces presidente de la Comunidad de Regantes manifestaron que "durante la segunda adjudicación se recibió una llamada telefónica desde la Junta de Andalucía que indicó qué oferta debía ser elegida". La adjudicataria final, la UTE Befesa-Alpi, quedó cuarta en la mesa de calificación. Pese a ello, se hizo con el contrato pero subcontrató los trabajos a las empresas que resultaron adjudicatarias en la primera decisión –tumbada por la Junta– o sociedades con administradores comunes.
Desde 2005, el proyecto ha sufrido diversos retrasos y las relaciones entre la empresa que iba a ejecutar las obras y los representantes de los comuneros –que engloba los términos municipales de Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan y Dos Hermanas, todos en la provincia de Sevilla– se rompieron en julio de 2009, cuando la comunidad rescindió el contrato con la UTE alegando los retrasos continuos en la obra.
La situación actual es que el proyecto de modernización de regadíos está inconcluso, la comunidad de regantes tiene que hacer frente al pago de las cantidades con recursos propios, y la adjudicataria también le ha interpuesto una demanda por la resolución del contrato.
Otra fuente de irregularidades de la Junta de Andalucía
La denuncia, sigue La Razón, señala que la Junta ha fallado en sus labores de inspección y control, ya que debe velar por el buen uso de los fondos públicos –dinero que proviene de fondos europeos que luego debe justificar ante las autoridades comunitarias–. De hecho, desde la llamada para "señalar" la empresa que debía ejecutar las obras, los denunciantes señalan que los técnicos de Agricultura no han actuado con la diligencia debida.
Es más, la Junta se ha avenido a certificar unidades de obras sin ejecutar, es decir, autorizar pagos –las certificaciones debían contar con un inspector facultativo de la Junta– pese a tener constancia de que no se habían realizado los trabajos.
La comunidad de regantes se basa en un informe encargado a la consultora de ingeniería Ayesa de octubre de 2011. Entre otros aspectos, se señala que un mes y diez días después de la firma del contrato y sin apenas avance en la obra real, se pagó a la UTE 4.245.826,56 euros, "los cuales se abonan mediante talón, en lugar de a los 120 días como estaba estipulado en el contrato".
Este pago es inusual "por la elevada obra certificada en tan corto espacio de tiempo para su ejecución, teniendo en cuenta que, en la práctica habitual, el primer mes de trabajo se dedica a instalarse en la obra".
En el estudio de Ayesa se dice que "hasta julio de 2008 se había certificado más cantidad económica y diferentes unidades a las constatables en la obra, siendo esta circunstancia en todo momento conocida por la Consejería de Agricultura y Pesca". Los denunciantes apuntan igualmente que para solventar las diferencias con la UTE, la Consejería de Agricultura ofreció la opción de aprobar un proyecto complementario y que debía ser adjudicado "a dedo" a la misma empresa, una ilegalidad que no se llevó a cabo.